QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su preocupación porque cree que las recientes modificaciones legislativas de 2023 y 2025, destinadas a controlar las llamadas comerciales no solicitadas, no serán suficientes. Según la OCU, la próxima Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC) no logrará detener la recepción de estas llamadas por parte de los consumidores.
La organización ha explicado que la ley busca aumentar la protección de los consumidores en sus interacciones con las empresas, sobre todo en industrias clave como la energética, telecomunicaciones, transporte, agua y servicios financieros. Entre las medidas que introduce, se encuentra la prohibición de aprovechar llamadas de consulta o reclamación para ofrecer otros productos, la eliminación de sistemas que funcionan solo con contestadores automáticos y la obligación de responder al 95% de las llamadas en un tiempo inferior a tres minutos, además de garantizar al consumidor el acceso a la grabación de sus llamadas.
Asimismo, la OCU ha resaltado que los contratos generados a partir de llamadas sin un consentimiento claro y voluntario podrán ser anulados. Sin embargo, recalca que estas disposiciones, aunque desincentivan la contratación por esta vía, no erradican las llamadas comerciales no deseadas.
La entidad también está solicitando medidas adicionales, como la obligación de identificar claramente a la empresa emisora de la llamada y mecanismos para anular consentimientos previos, como verificar los datos del usuario en registros tipo Robinson o StopPublicidad. Además, en ciertos sectores como el energético, propone la prohibición directa de la contratación telefónica si la llamada no es iniciada por el consumidor.
