QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Puerto de Burela ha expresado su gratitud hacia el ministro de Pesca, Luis Planas, por decidir apelar el fallo del Tribunal General de la Unión Europea emitido el 11 de junio, que rechazó los argumentos de los recursos interpuestos por el Estado y esta organización, con el respaldo de la Xunta de Galicia, contra la prohibición de la Comisión Europea al uso del palangre demersal en ciertas áreas del Atlántico Nororiental.
Además, la Xunta ha manifestado su satisfacción el miércoles pasado por el anuncio del recurso del Gobierno central contra esta decisión judicial.
La OPP Puerto de Burela ha criticado que el veredicto ignoró los planteamientos presentados por España, tanto por la administración como por el sector, acerca de ‘la desproporción provocada por el Reglamento de Ejecución 2022/1614, que aplica una única metodología para todos los artes de pesca, sin tener en cuenta su impacto real y diferenciado’. Señala que de los 16.500 km2 clausurados a la pesca, un 32% son áreas de posibles ecosistemas marinos vulnerables que necesitan protección y el 68% restante se debe a la aplicación del modelo del arrastre a todas las artes de pesca, además de la ausencia de estudios de impacto socioeconómico.
Este recurso de casación, ahora presentado por España, permitirá que todas las partes involucradas (Xunta de Galicia y OPP Burela) continúen involucradas en el procedimiento judicial hasta su conclusión, defendiendo los argumentos que creen que no fueron correctamente interpretados por el Tribunal General de la UE.
Puerto de Burela destaca ‘la intensa colaboración de las tres partes (Ministerio, Xunta y OPP) en los estudios y argumentos de defensa.’
VALORACIÓN DE LA XUNTA
Por otro lado, la Consellería do Mar considera que este movimiento judicial abre la posibilidad de que Galicia participe en el proceso, tarea en la que ya están trabajando los servicios jurídicos de la Xunta con el fin de aportar información técnica que fortalezca las posibilidades de éxito del recurso.
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha compartido su satisfacción por este anuncio, que valora ‘muy positivamente’. Resalta que la Administración autonómica ha mantenido un contacto constante con el sector para examinar y coordinar las medidas a adoptar tanto en el ámbito jurídico como político sobre un fallo que dice ‘no compartir’.
La Xunta recuerda que son los Estados miembros los que tienen la condición de demandantes privilegiados en los recursos contra sentencias del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al ser un recurso de casación, este se limita a cuestiones legales. Un camino que mantiene activo el proceso judicial mientras se trabaja en el ámbito técnico y político para revertir una decisión que pone en riesgo el futuro del sector en Galicia.
En junio, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó los recursos presentados por el Gobierno central y por la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Burela y 16 empresas armadoras dueñas de 21 buques implicados, con la participación de la Xunta como coadyuvante, contra la prohibición de la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico Nororiental. Esta medida se fundamentó por la existencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) o la posibilidad de que existan en las mencionadas zonas incluidas en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614, afectando a más del 25% de la flota gallega, 200 embarcaciones directamente y 946 de artes menores indirectamente.
Asimismo, el eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares ha solicitado mediante una carta al comisario de Pesca, Costas Kadis, una revisión urgente del Reglamento de Aguas Profundas para excluir el palangre de fondo de su aplicación.
