QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los dispositivos de seguridad social implementados durante la crisis sanitaria global, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las ayudas por desempleo, resultaron más eficaces para los empleados con trabajos estables que para aquellos en situaciones laborales más frágiles, donde predominan los jóvenes.
Un análisis de Fedea, llevado a cabo por Jose Ignacio Conde-Ruiz, Jorge Fernández, Daniel Pérez y Manu García (Federal Reserve Bank of St. Louis), utilizó microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales para examinar la efectividad de estos mecanismos de protección durante el brote de COVID-19, prestando especial atención a la población joven.
El estudio identifica dos principales vías de protección: los ERTEs y el acceso a ayudas, subsidios o pensiones.
Según los hallazgos de Fedea, existe una ‘doble penalización’ para los jóvenes, quienes no solo enfrentaron un mayor índice de desempleo, sino que también fueron ‘los menos protegidos’ por las políticas implementadas.
Destaca que solo el 37% de los jóvenes menores de 20 años pudo retener su empleo, en contraste con el 77% de los trabajadores mayores de 50 años. Además, de los jóvenes que perdieron su empleo, solo un 51% recibió algún tipo de ayuda, frente a más del 93% de los mayores de 50 años.
‘Esta brecha no se explica por un trato desigual dentro de los instrumentos, sino por factores estructurales como la elevada temporalidad del empleo juvenil y su concentración en sectores más vulnerables’, afirma Fedea.
En cuanto a los ERTEs, el estudio indica que los jóvenes estuvieron generalmente menos protegidos debido a la precariedad de sus contratos. Sin embargo, cuando se comparan trabajadores con la misma antigüedad y tipo de contrato, los jóvenes no estuvieron peor protegidos y su probabilidad de entrar en un ERTE fue incluso algo mayor.
En el caso de las ayudas por desempleo o subsidios, la desventaja persiste al comparar trabajadores en igualdad de condiciones. Aún con el mismo tipo de contrato y experiencia, los jóvenes accedieron menos a estas ayudas, señala Fedea.
‘Esto sugiere que el propio diseño del sistema penaliza a quienes tienen trayectorias laborales más cortas o inestables -como es habitual entre los jóvenes- y, en cambio, beneficia a quienes han acumulado más cotizaciones, normalmente trabajadores de más edad’, concluye Fedea.
El informe enfatiza que, aunque los mecanismos de protección están diseñados para ser aplicados equitativamente, en la práctica pueden favorecer más a ciertos grupos.
‘Si el mercado laboral está muy dividido entre empleos estables y precarios, como ocurre en España, estas políticas tienden a proteger mejor a quienes ya estaban en una posición más fuerte, y dejan más desprotegidos a los más vulnerables, como los jóvenes’, resalta Fedea.
LA REFORMA LABORAL, UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
En este contexto, Fedea sostiene que la reforma laboral de 2021, que limitó el uso de contratos temporales y promovió la contratación indefinida, ‘podría suponer un paso en la dirección correcta’.
‘Al dar mayor estabilidad contractual, aumentan las posibilidades de que estos trabajadores accedan a mecanismos de protección en futuras crisis’, apunta Fedea, aunque advierte que solo cambiar el tipo de contrato ‘no basta’.
El organismo subraya que si los empleos continúan siendo inestables o si los requisitos para acceder a las ayudas no se adaptan a las trayectorias más frágiles, ‘muchos trabajadores seguirán quedando fuera del sistema de protección, aunque tengan un contrato indefinido’.
