QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento Europeo ha respaldado la iniciativa de la Comisión Europea que propone suavizar las exigencias medioambientales sobre las empresas respecto a la divulgación del impacto ecológico de sus operaciones, con el objetivo de reducir la carga administrativa, disminuir costes y mejorar la competitividad frente a mercados extranjeros como el de China o Estados Unidos.
Este conjunto de medidas, referido como ‘ómnibus’, impactará varios esquemas regulatorios europeos que obligan a las empresas a informar sobre el impacto medioambiental y social de sus actividades, incluyendo aquellos que contemplan sanciones para las firmas que vulneren los Derechos Humanos o el medio ambiente.
La votación en Estrasburgo (Francia) culminó con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, tras un rechazo inicial en la sesión de octubre. Ahora, con la posición negociadora de la Eurocámara establecida, las conversaciones con el Consejo comenzarán el 18 de noviembre, con vistas a finalizar la legislación para finales de 2025.
Según la Eurocámara, solo las empresas que superen los 1.750 empleados y los 450 millones de euros en volumen de negocios anuales deberían estar obligadas a presentar informes sociales y medioambientales. Además, se prevé una simplificación adicional en las normas de presentación de informes, permitiendo informes sectoriales voluntarios y protegiendo a las pequeñas empresas de exigencias desproporcionadas.
En cuanto a la diligencia debida, se aplicaría exclusivamente a grandes corporaciones con más de 5.000 trabajadores y un negocio anual de más de 1.500 millones de euros, promoviendo un enfoque de gestión de riesgos para monitorear y mitigar impactos negativos en humanos y el medio ambiente.
