El PP amenaza con llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional si no presenta los PGE

La próxima semana, el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para instar un nuevo conflicto institucional con el Congreso y el Gobierno, con el fin de forzar al Ministerio de Hacienda a presentar de inmediato el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. De no cumplirse esto, el partido llevará el asunto al Tribunal Constitucional.

El orden del día del Pleno del Senado incluye la propuesta del PP para que la Cámara Alta inicie un nuevo choque institucional sobre los presupuestos del próximo año. Esta sería la séptima vez que el PP impulsa un conflicto de esta naturaleza en el Senado, siendo esta una situación inédita antes de esta legislatura.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la presencia mayoritaria del PP en el Senado asegurará que el nuevo choque avance, siendo adoptado por la Cámara y posteriormente remitido al Congreso de los Diputados y al Gobierno. Ambas entidades disponen de un mes para responder a este conflicto de atribuciones, pudiendo optar por no hacerlo y permitiendo que se considere resuelto. De no recibir respuesta o si esta es negativa, el Senado podría elevar el caso al Tribunal Constitucional.

ES UNA «OBLIGACIÓN» DE LA CONSTITUCIÓN

Según el documento sobre el conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» que impone la Constitución al Gobierno de presentar los presupuestos. Además, critican la práctica de modificar presupuestos sin pasar por el Parlamento, algo que ven como una violación al principio de legalidad presupuestaria.

Comparan la situación con la del año 2020, cuando, debido a la pandemia de Covid-19, el Gobierno no presentó los presupuestos de ese año, manteniendo los de 2018. Argumentan que no hay justificación para no presentar los presupuestos de 2026, excepto la falta de acuerdos con otras fuerzas parlamentarias. El PP recalca que los motivos políticos no deben excusar al Gobierno de sus obligaciones constitucionales, impidiendo que el Senado ejerza su función presupuestaria.