QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha sugerido una reforma completa de las consultas tributarias para adecuarlas a las demandas actuales, incrementar su efectividad y asegurar la protección jurídica de los contribuyentes.
En una rueda de prensa celebrada este martes, Aedaf ha introducido el ‘Paper 25’, un documento que recoge sus recomendaciones sobre la reforma necesaria en el actual sistema regulador de las consultas tributarias. Este informe ha sido desarrollado por el Consejo Asesor Institucional de Aedaf junto a César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago y coordinador del Grupo de Expertos en Derechos y Garantías de los Contribuyentes de Aedaf.
Desde la asociación se critica la lentitud en las respuestas a las consultas, actualmente fijada en seis meses, y la demora adicional en algunos casos, lo que reduce la funcionalidad de las consultas para cumplir con las expectativas de seguridad jurídica de los obligados tributarios.
‘SILENCIO POSITIVO’ EN LAS CONSULTAS
Aedaf propone la incorporación del ‘silencio positivo’ en las consultas, donde el consultante podría sugerir una respuesta y, de no obtenerla en seis meses, se aceptaría su propuesta como válida, siguiendo el modelo del artículo 91.2 de la Ley General Tributaria sobre acuerdos previos de valoración.
También sugieren facilitar la presentación de consultas después del plazo de declaración para permitir regularizaciones a través de autoliquidaciones o declaraciones complementarias, según el artículo 121 de la Ley General Tributaria.
Además, proponen crear un órgano mixto con miembros de la administración y expertos académicos y profesionales para abordar temas particularmente complejos que generan inseguridad jurídica, considerando las realidades económicas y empresariales específicas.
SISTEMA DE VENTANILLA RÁPIDA PARA CONSULTAS DE MENOR COMPLEJIDAD
Para consultas de menor complejidad, Aedaf ve viable un sistema de respuesta rápida o automatizado, que agilizaría las respuestas y liberaría recursos para consultas más complejas. En contraste, las consultas de mayor complejidad deberían tener un tratamiento diferenciado en cuanto a su régimen jurídico y procedimientos.
Finalmente, Aedaf recalca la necesidad de garantías legales que aseguren la confianza legítima de los contribuyentes ante cambios interpretativos, protegiendo las expectativas creadas por criterios administrativos previos o jurisprudencia. En cuanto a la posibilidad de imponer una tasa por las consultas vinculantes, Aedaf se muestra contrario, argumentando que no se justifica por la posible saturación del sistema ni como medida disuasoria.
