QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Función Pública se reunirá nuevamente con representantes de CCOO, UGT y CSIF este jueves al mediodía, tras la negativa de los sindicatos a aceptar la propuesta de incremento salarial del 10% acumulado para el periodo 2025-2028 para los funcionarios públicos.
De acuerdo con fuentes sindicales, el aumento propuesto por el Ministerio distribuiría el 10% a lo largo de cuatro años, limitando el aumento al 4% durante los años 2025 y 2026 para mantenerse dentro del límite de gasto presupuestario. El 6% restante se aplicaría en los años 2027 y 2028, aunque desde CSIF se menciona que el Gobierno sugirió un incremento más significativo para 2027 debido a la previsión de aumento de precios.
La oferta fue presentada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en una reunión destinada a seguir discutiendo el marco de relaciones laborales y salariales para más de tres millones de empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos expresaron su rechazo, calificándola de insuficiente, lo que llevó a la convocatoria de un nuevo encuentro para este 20 de noviembre.
«Inaceptable»
Desde CSIF señalan que la propuesta «no cubriría» el incremento de los precios, dado que la inflación interanual alcanzó el 3,1% hasta octubre de este año. «Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar», afirman desde el sindicato.
«Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%», arguyen desde el sindicato de Miguel Borra, destacando que el Gobierno «está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y por tanto hay margen para elevar la oferta».
Por su parte, CCOO considera «totalmente inaceptable» la propuesta inicial del Gobierno, percibiéndola como un «insulto» a los funcionarios. El sindicato advierte que solo aceptará una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo y amenaza con una huelga general en diciembre «si no hay una propuesta económica justa».
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, advierte que el 10% propuesto dificulta las negociaciones y subraya que el acuerdo debe «garantizar el poder adquisitivo». «No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero», declara. En cuanto a movilizaciones, Araque indica que el sindicato esperará a ver qué plantea Función Pública en la próxima reunión, aunque no descartan ninguna forma de movilización.
El último acuerdo salarial, vigente entre 2022 y 2024, permitió incrementos salariales cercanos al 10%, lo que representó un desembolso aproximado de 13.000 millones de euros. Finalmente, desde el Ministerio dirigido por Óscar López, se comprometen a estudiar los planteamientos sindicales y defienden que el marco de negociación busca mejorar la calidad de los servicios públicos y la relación entre ciudadanos y Administración.
