Supermercados, fabricantes y empresas de hostelería advierten de que la aplicación del nuevo Reglamento europeo de envases puede acabar provocando una subida de precios para los consumidores. Las organizaciones empresariales sostienen que las inversiones necesarias para rediseñar recipientes, incorporar materiales reciclados y desplegar sistemas de devolución y reutilización elevarán sus costes durante los próximos años.
La advertencia coincide con el inicio de la aplicación general, este 12 de agosto de 2026, del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases. La norma introduce un amplio calendario de obligaciones para reducir los residuos, eliminar embalajes innecesarios y conseguir que los envases sean reciclables o reutilizables.
Sin embargo, esa posible subida de precios no está recogida en el reglamento ni ha sido cuantificada por el Gobierno. Se trata de una previsión de las patronales ante el incremento de los gastos empresariales. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que los precios finales son decisiones de mercado.
Por qué supermercados y hostelería anticipan una subida de precios
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, considera que la transición exigirá inversiones en toda la cadena de valor. Los comercios deberán revisar los envases de sus marcas propias, comprobar que sus proveedores cumplen la legislación y adaptar sus instalaciones al futuro sistema de devolución de botellas y latas.
Uno de los principales problemas planteados por los supermercados es la falta de espacio. Los establecimientos, especialmente las tiendas urbanas de menor tamaño, tendrán que recoger, clasificar y almacenar temporalmente los envases que devuelvan los clientes.
Algunos comercios también necesitarán instalar máquinas de retorno. A estos gastos habrá que sumar el mantenimiento de los equipos, el transporte de los residuos y la reorganización de los almacenes.
Asedas advierte de que la adaptación obligará a encontrar soluciones que permitan compatibilizar los objetivos de sostenibilidad con la “accesibilidad económica” para los consumidores.
Por su parte, la patronal Marcas de Restauración, que agrupa a alrededor de 170 marcas, también prevé que una parte de los gastos adicionales termine repercutiendo en los precios. La organización recuerda que bares y restaurantes afrontan ya incrementos en salarios, energía, materias primas y fiscalidad. Según la patronal, el aumento de inversiones y gastos recurrentes hará “difícil de evitar” un traslado parcial de los costes al precio final.
Los costes que preocupan a las empresas
Tal y como hemos apuntado, la aplicación del reglamento obligará a modificar productos, procesos industriales y operaciones logísticas. Entre los gastos señalados por los sectores afectados se encuentran:
- El rediseño de envases para mejorar su reciclabilidad.
- La incorporación obligatoria de plástico reciclado en determinados recipientes.
- La sustitución de algunos formatos de un solo uso.
- La compra y mantenimiento de máquinas de devolución.
- La reserva de espacio para almacenar botellas y latas usadas.
- La recogida y transporte de envases reutilizables.
- El consumo de agua y energía necesario para limpiarlos.
- Los nuevos controles, registros y declaraciones de conformidad.
- La adaptación del etiquetado al sistema armonizado europeo.
El precio de los materiales también preocupa a los fabricantes. El plástico reciclado apto para entrar en contacto con alimentos tiene una disponibilidad limitada y, en determinados momentos, ha sido considerablemente más caro que el plástico virgen.
La norma establece, además, que las aportaciones de los productores a los sistemas de gestión de residuos tengan en cuenta las características ambientales del envase. Las empresas que utilicen formatos más pesados o difíciles de reciclar podrán afrontar mayores costes, mientras que los diseños más eficientes deberían beneficiarse de tarifas inferiores.
La subida de precios, ni automática ni cuantificada
Pese a las advertencias empresariales, actualmente no existe una estimación oficial sobre cuánto podrían encarecerse los productos ni qué sectores soportarán el mayor impacto. La regulación tampoco obliga a las compañías a trasladar sus costes al consumidor. Algunas empresas podrán absorberlos, reducirlos mediante nuevos diseños o compensarlos con el ahorro de materiales. Otras, especialmente las que necesiten realizar mayores inversiones, dispondrán de menos margen.
Las organizaciones de consumidores rechazan que el coste de la transición recaiga íntegramente sobre los compradores. La Federación de Consumidores y Usuarios CECU sostiene que los ciudadanos no deberían financiar las obligaciones de reciclaje que corresponden a la industria y reclama controles para evitar incrementos injustificados.
El Ministerio para la Transición Ecológica no contempla, por ahora, medidas específicas sobre los precios. Su posición es que cada empresa decidirá si absorbe los costes o los incorpora a sus tarifas, dentro de las normas de competencia y protección del consumidor.
Qué cambia desde hoy, 12 de agosto
El reglamento europeo comienza a aplicarse con carácter general este miércoles, pero la mayoría de sus medidas se desplegará gradualmente hasta 2030, 2035 y 2040. La obligación material más inmediata afecta a los PFAS, un grupo de sustancias químicas persistentes. Desde el 12 de agosto no pueden introducirse en el mercado envases destinados a entrar en contacto con alimentos que superen los límites establecidos en la regulación.
También comienza a aplicarse el nuevo marco general sobre sostenibilidad, etiquetado, responsabilidad de los productores y control de los envases. No obstante, algunas de estas obligaciones necesitarán actos técnicos posteriores de la Comisión Europea.
La entrada en aplicación del reglamento no significa que desaparezcan inmediatamente los envases de plástico ni los sobres individuales de azúcar, aceite o kétchup.
Los sobres monodosis desaparecerán de los bares en 2030
Uno de los cambios que más afectará a la hostelería llegará el 1 de enero de 2030. Desde esa fecha se restringirán determinados envases de plástico de un solo uso utilizados en bares, restaurantes y hoteles. La prohibición incluirá, con excepciones por razones de higiene o seguridad, sobres individuales de salsas, condimentos, azúcar, conservas y crema para café. También afectará a algunos pequeños recipientes de productos de higiene utilizados en establecimientos hoteleros.
Los negocios tendrán que sustituirlos por dispensadores, recipientes rellenables u otros formatos. Las patronales hosteleras consideran que todavía no existen alternativas suficientemente escalables para todos los usos.
El cambio puede generar ahorros en productos como el aceite de oliva, cuyo coste por litro resulta superior en envases monodosis. Pero también obligará a dedicar más tiempo, agua, energía y personal a la limpieza y mantenimiento de los recipientes reutilizables.
La restricción afecta principalmente al uso de estos formatos en hostelería. No supone una prohibición general de los sobres de salsa vendidos directamente en supermercados.
El 40% de determinados embalajes deberá ser reutilizable
Además, desde el 1 de enero de 2030, al menos el 40% de determinados envases utilizados para transportar mercancías dentro de la Unión Europea deberá ser reutilizable. La obligación comprende palés, cajas plegables, bandejas, contenedores, bidones y otros embalajes logísticos. Las empresas tendrán que organizar su devolución, almacenamiento, limpieza y nueva puesta en circulación.
La norma contempla importantes excepciones. No estarán afectadas las cajas de cartón, los embalajes para mercancías peligrosas, algunos formatos diseñados a medida para maquinaria y determinados envases flexibles en contacto directo con alimentos o piensos.
Por tanto, el objetivo del 40% no se aplica a todos los embalajes utilizados por supermercados, fabricantes y empresas de distribución.
El sistema de devolución obligará a reorganizar los supermercados
Otro de los grandes desafíos será la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y latas. El reglamento europeo establece que los Estados miembros deberán alcanzar, como máximo en 2029, una recogida separada del 90% de determinados envases de bebidas. Para conseguirlo deberán desplegar sistemas de devolución, salvo que acrediten niveles suficientes de recogida por otras vías.
España ya estaba obligada a implantar este modelo por el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. La norma nacional ordenaba activarlo si en 2023 no se alcanzaba una recogida separada del 70% de las botellas de plástico.
El Ministerio para la Transición Ecológica comprobó que el porcentaje se había quedado alrededor del 41%, muy lejos del objetivo. Por eso, España debe implantar el sistema en el plazo de dos años, con noviembre de 2026 como fecha de referencia. El consumidor tendrá que adelantar un depósito al comprar la bebida y recuperará el dinero cuando entregue el envase. La cantidad mínima prevista en España es de 10 céntimos, aunque su configuración definitiva dependerá del desarrollo del sistema.
Este depósito no constituye una subida permanente del precio ni un impuesto: el comprador recuperará el importe si devuelve la botella o la lata.
Una transición con efectos distintos según cada empresa
El impacto económico no será inmediato ni uniforme. Los fabricantes que ya utilicen recipientes ligeros, reciclables o reutilizables necesitarán menos cambios. Las empresas que dependan de materiales complejos o envases difíciles de reciclar deberán realizar mayores inversiones.
El reglamento también puede generar ahorros a medio plazo mediante la reducción del material empleado, la eliminación de embalajes innecesarios y la reutilización de recipientes.
La advertencia de supermercados y hostelería apunta, por tanto, a una presión sobre los costes durante los próximos años, pero no permite anticipar una subida general ni calcular cuánto pagará de más el consumidor.
La principal batalla se centrará en quién asume la transición: fabricantes, distribuidores, establecimientos hosteleros o clientes. Las patronales ya anticipan que será difícil evitar que una parte llegue a los precios, mientras que las organizaciones de consumidores reclaman vigilancia para impedir que la nueva regulación se convierta en una justificación para incrementos indiscriminados.