QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado mediante dos resoluciones judiciales el castigo impuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a siete compañías. Estas fueron penalizadas por reducir artificialmente los precios durante el periodo de ofertas del ‘Black Friday’, un evento que tiene lugar cada final de noviembre.
El Ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha informado que el tribunal ha rechazado los recursos de una de las empresas afectadas. Dicha compañía había solicitado medidas cautelares para evitar pagar la multa mientras se resolvía su apelación, sin embargo, el tribunal no solo rechazó esta petición, sino que también le exigió garantizar el pago de una multa de 110.000 euros mediante un aval.
«De esta manera, y como ya ocurriera con la retirada de anuncios ilegales en Airbnb, la justicia vuelve a respaldar las actuaciones del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en materia de protección a los consumidores ante prácticas abusivas», destacó el Ministerio. Las infracciones se centraron en que las empresas sancionadas incrementaron los precios de ciertos productos antes del ‘Black Friday’ para después reducirlos a su valor original, presentándolos falsamente como rebajados.
Esta estrategia incumple el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que exige usar como referencia el menor precio del producto en los 30 días previos al descuento. De las siete empresas, tres admitieron las malas prácticas, mientras que las otras cuatro decidieron recurrir.
«Ahora, tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se refuerza la prohibición de llevar a cabo estos falsos descuentos durante épocas de rebajas como el ‘Black Friday’, que tiene lugar a finales de noviembre», señaló el Departamento de Pablo Bustinduy. Las multas, que sumaron cerca de 350.000 euros, fueron impuestas a empresas que venden principalmente en línea artículos como electrodomésticos, electrónica, deportes y cosmética.
Para supervisar estos precios, la Dirección General de Consumo empleó ‘Price Reduction Tool’, una herramienta creada por la Comisión Europea para verificar en tiempo real si las promociones cumplen con la legislación vigente en materia de precios.
