QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado este viernes el pacto para mantener bloqueados de forma indefinida los 210.000 millones de euros en activos rusos ya congelados en territorio comunitario. Se trata de un movimiento previo destinado a reforzar las garantías jurídicas antes de utilizar la liquidez generada por estos activos para sufragar el «préstamo de reparación» a Ucrania que los jefes de Estado y de Gobierno aspiran a cerrar en la cumbre de la próxima semana.
Según indicaron a Europa Press fuentes comunitarias, el entendimiento obtuvo el jueves el respaldo de una «aplastante mayoría» de países en la reunión de embajadores ante la UE y este viernes, poco después de las 17.00 horas, ha quedado confirmado al concluir el plazo del procedimiento escrito con los apoyos necesarios para su adopción formal. En total, la decisión ha salido adelante con 25 votos favorables y dos en contra, precisan dichas fuentes.
Entre los apoyos figura Bélgica, que pese a mantener su oposición a emplear estos recursos para financiar el citado préstamo de reparaciones, ha suscrito junto a Malta, Bulgaria e Italia una declaración que permite dar luz verde a este primer paso técnico.
El texto acordado subraya que la decisión de este viernes «no prejuzga en ninguna circunstancia la decisión sobre el posible uso de activos rusos inmovilizados que debe adoptarse a nivel de líderes», dejando claro que corresponderá a los mandatarios fijar el destino final de estos fondos.
La formalización de la medida coincide con la demanda presentada por el Banco de Rusia contra la depositaria belga Euroclear, que custodia en torno a 185.000 millones de euros del total de activos rusos congelados en la UE. Moscú reclama por las pérdidas derivadas del uso «directo o indirecto» de estos fondos soberanos sin su autorización. Frente a ello, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que todas las entidades que operan en territorio comunitario están «plenamente protegidas» desde el punto de vista legal.
Con este acto jurídico, las capitales aceptan recurrir al artículo 122 de los Tratados de la UE para vetar cualquier transferencia de los activos bloqueados en instituciones financieras europeas hacia Rusia mientras continúe la invasión. Esta cláusula excepcional permite adoptar decisiones por mayoría cualificada, sin necesidad de unanimidad.
El uso de este mecanismo, que evita el requisito de consenso total, brinda a los Veintisiete una vía para esquivar los constantes avisos de veto de Hungría cuando se abordan decisiones clave sobre Ucrania, entre ellas la renovación semestral del paquete de sanciones que mantiene congelados los 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia en depositarias europeas.
Tras la reunión de embajadores, el Ejecutivo de Viktor Orbán difundió un duro comunicado en el que rechaza frontalmente esta decisión «sin precedentes», que a su juicio prolonga las sanciones contra Rusia «sobre una base legal incorrecta» con el objetivo de «eludir» la exigencia de unanimidad prevista para este tipo de acuerdos.
Budapest critica igualmente que se adopte una medida con vocación «indefinida» y escaso margen de reversión, dado que sólo podría levantarse mediante una nueva mayoría cualificada y una vez terminada la guerra, pese a que el artículo 122 se concibe en los Tratados como un instrumento «temporal».
En cualquier caso, el paso dado ahora acerca a los líderes a respaldar la propuesta de la Comisión Europea para aprovechar la liquidez generada por estos activos —la mayor parte depositados en Euroclear, con sede en Bélgica— y canalizarla hacia un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros destinado a cubrir las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos dos años. Kiev únicamente tendría que devolver estos recursos si Moscú pone fin a la agresión y compensa económicamente al país por los daños causados.
Al presentar la base legal de este instrumento, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó que la iniciativa puede aprobarse por «mayoría cualificada» de Estados miembros, incluso sin el beneplácito de Bélgica. No obstante, los Veintisiete siguen negociando a nivel técnico y político para ofrecer garantías adicionales que permitan un cambio de postura de Bruselas.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó esta misma semana que ve «muy cerca» el entendimiento y confía en que los jefes de Estado y de Gobierno lo refrenden en la cumbre prevista para el 18 de diciembre.
Ya el lunes, los líderes de siete países de la Unión, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, remitieron una carta a Costa y a Von der Leyen en la que defienden el uso de los activos rusos congelados al considerar que es la opción «más viable» desde el punto de vista financiero y «más realista» en el plano político.
Esta iniciativa trascendió después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, reiterara su rechazo a este planteamiento durante una cena en Bruselas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la propia Von der Leyen el viernes anterior.
