El equipo jurídico del Ayuntamiento de Valencia analizará la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha dejado sin efecto parte de la moratoria municipal que bloqueaba la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad, al tiempo que recalca que el fallo “avala” la iniciativa, pese a existir una “discrepancia” de “alcance interpretativo” y “no de fondo”.
Fuentes municipales han señalado que el eventual recurso persigue “defender la validez íntegra de los acuerdos plenarios y consolidar el marco de regulación urbanística del turismo que esta ciudad necesita y que los vecinos demandan”.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha anulado parcialmente la moratoria impulsada por el consistorio y ha estimado en parte el recurso presentado por una mercantil de apartamentos frente al acuerdo del pleno del 28 de mayo de 2024. Dicho acuerdo acordaba suspender la tramitación y concesión de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros en varios ámbitos del término municipal donde el uso global o predominante es el residencial, con el objetivo de disponer de tiempo para estudiar la reforma de la ordenación urbanística.
Las mismas fuentes remarcan que la resolución “avala la medida y su justificación”, ya que el TSJCV “confirma que la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos era necesaria, proporcionada y fundada en razones de interés general: proteger el entorno urbano y el derecho a una vivienda digna ante el crecimiento descontrolado de las VUT en la ciudad”.
No obstante, precisan que el pronunciamiento “se basa en una discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo” y que la “única matización” afecta “a una cuestión estrictamente técnico-jurídica: si la redacción del artículo 68.1 del TRLOTUP --del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje--, vigente en mayo de 2024, amparaba expresamente la suspensión de licencias de cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables”.
En esta línea, apuntan que el consistorio “defendió, y sigue defendiendo, que las licencias de edificación incluyen los cambios de uso, interpretación que comparte la propia legislación urbanística estatal” y que la normativa autonómica “respalda la postura municipal”.
De este modo, recuerdan que el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, aprobado con posterioridad al acuerdo municipal, “clarificó y amplió el artículo 68.1 del TRLOTUP incluyendo expresamente la potestad de la administración promotora de acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias por cambios de uso y otros títulos habilitantes distintos a las licencias, como las declaraciones responsables”.
A juicio del Ayuntamiento, “todo ello confirma que el Ayuntamiento actuó en la dirección correcta y con la debida diligencia para proteger los barrios residenciales de Valencia”.