QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha justificado las acciones del Gobierno español en relación con la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, incluso frente al procedimiento sancionador iniciado por la Comisión Europea contra España por esta cuestión.
«El Gobierno de España lo que está haciendo es defender los intereses generales de nuestro país. Está protegiendo a nuestro país del elevado riesgo de concentración bancaria que tenemos», enfatizó Díaz ante los periodistas.
La ministra destacó que la administración «está protegiendo» a los trabajadores del sector bancario, con los sindicatos alertando sobre hasta 10.500 posibles despidos. Díaz mencionó una cifra de 5.000 posibles despidos por parte de BBVA, aunque el banco no ha especificado el número exacto de empleos en riesgo, dato que fue proporcionado por Díaz en mayo pasado.
«Estamos protegiendo a los consumidores y consumidoras en nuestro país. Por tanto, el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender un servicio público financiero que es clave en las sociedades democráticas y, desde luego, el bienestar en nuestro país», insistió la ministra.
Este jueves, la Comisión Europea anunció una acción legal contra España por los poderes especiales que ciertas leyes nacionales le conceden al Gobierno para bloquear operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, argumentando que estos poderes van más allá de proteger el interés general.
La Comisión ahora da dos meses al Gobierno español para que atienda estas preocupaciones, que abarcan desde la necesidad de modificar significativamente la transposición de dos directivas europeas hasta cuestionar si la intervención gubernamental en la operación se justifica por un auténtico motivo de interés general.
Bruselas espera que España rectifique los errores observados en la directiva de requerimientos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que necesitan una revisión considerable, mientras que los ajustes necesarios en la ley de defensa de la competencia deben orientarse y aplicarse adecuadamente.
