La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha citado a María Jesús Montero a un acto de conciliación el próximo 4 de junio, apenas 18 días después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
La citación responde a la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien reclama una indemnización de 200.000 euros por daños morales derivados de unas declaraciones de la dirigente socialista.
Las declaraciones sobre violencia de género que originan el caso
El origen del conflicto se sitúa en un acto del PSOE en Alcalá de Guadaíra, donde Montero afirmó que el alcalde había sido “condenado, denunciado” y que estaba siendo investigado por un delito de violencia de género.
Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó en enero una denuncia previa al no apreciar indicios de delito, lo que ha llevado al regidor a considerar que se produjo una intromisión ilegítima en su honor.
El proceso: conciliación previa y posible vía judicial
El acto fijado para el 4 de junio es un trámite previo habitual en este tipo de procedimientos civiles. Montero no está obligada a acudir, pero su ausencia permitiría dar por intentada la conciliación y abrir la puerta a un procedimiento judicial.
La defensa del alcalde sostiene que las declaraciones buscaban “inducir a la opinión pública” a creer que existía una investigación por violencia de género, algo que niega tajantemente.
Impacto político en plena campaña electoral
La citación se produce en un momento especialmente delicado: a apenas un mes de las elecciones andaluzas, en las que María Jesús Montero concurre como candidata del PSOE.
El movimiento introduce un elemento de presión adicional en la campaña, en un contexto en el que las encuestas ya sitúan a los socialistas por debajo de sus resultados de 2022 y con dificultades para articular una alternativa de gobierno.
No es la primera polémica judicial por declaraciones públicas
No es la primera vez que declaraciones de Montero acaban en los tribunales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, también se querelló contra ella por vulneración del derecho al honor tras unas manifestaciones públicas, aunque en ese caso la causa fue archivada por el Tribunal Supremo.