QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los mapas de capacidad mostraron que el 84% de la red eléctrica nacional está saturada. Y ello, para las energéticas, amerita una intervención inmediata que incremente su capacidad. Con este propósito, el Gobierno de España presentó la Propuesta de planificación eléctrica 2030 (con una inversión de 13.590 millones de euros), que aumenta los límites de inversión de las empresas energéticas en las redes eléctricas. Las grandes compañías del sector, representadas en la voz de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), se muestran satisfechas con la proposición, pero advierten de que, para que sea realmente rentable, la CNMC debe acrecentar la tasa de retorno.
El elemento basilar de esa planificación que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó el pasado 12 de septiembre, es el Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de electricidad (que salió a audiencia pública ese mismo día, y permanecerá hasta el 6 de octubre).
¿Por qué hay que invertir en las redes?
Aumentar la inversión en las redes eléctricas, en un momento de alta saturación como el actual, es algo necesario desde diversos puntos de vista. El informe Conectando el futuro: redes eléctricas para una España más competitiva, presentado el pasado mes de septiembre por Deloitte, reza que la inversión en redes en España representa el 0,2% del PIB, por debajo de países como Alemania o Países Bajos, que destinan más del doble.
Mejorar las redes, comentó en la presentación del estudio Laureano Álvarez, socio de Energía de Monitor Deloitte, supondrá, principalmente, “garantizar un suministro fiable y competitivo” aunque también “dotar a España de la capacidad para integrar renovables y gestionar una demanda más compleja”.
A este respecto, María Castro, directora de Regulación de Aelec, explicó que “las redes eléctricas son la columna vertebral del sistema energético y una palanca de competitividad para España. Sin un marco regulatorio estable y atractivo que incentive la inversión, nuestro país corre el riesgo de perder una oportunidad histórica de reindustrialización. La electrificación de la economía, la atracción de nuevas industrias y la creación de empleo dependen de que seamos capaces de desplegar infraestructuras modernas, resilientes y digitalizadas. No actuar ahora supondría frenar la transición energética y limitar el desarrollo industrial de las próximas décadas”.
Los límites
Uno de los puntos más críticos del Proyecto son los límites de inversión en las redes de transporte y distribución con cargo al sistema eléctrico, es decir, la cantidad que las eléctricas pueden invertir, y sobre la que obtendrán una rentabilidad en forma de tasa de retorno. Actualmente, este límite está en el 0,065% del PIB para las redes de transporte y del 0,13% en el caso de las de distribución. Si el real decreto sale adelante, se aumentará (en el periodo 2026-2030) en 3.600 millones de euros para las de transporte y 7.700 en las de distribución.
Demócrata se ha puesto en contacto con las principales energéticas de este país, las incumbentes (Endesa, Iberdrola y Naturgy), y todas han remitido a la respuesta centralizada, sectorial y patronal que dan desde Aelec. En conversación con este medio, Paloma Sevilla, directora general de la Asociación, asegura que valoran positivamente este incremento y que va en la línea de lo que estaban pidiendo (a través de la Propuesta de especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de demanda flexible).
Los límites anteriores, comenta Sevilla, respondían a otro momento del sector, en el que estaban funcionando las renovables y no era la demanda la que pedía acceso, “ahora se acompasan a esa necesidad creciente”.
A este respecto, desde el Ministerio –en la presentación de Aagesen– se subrayó que pasadas planificaciones eléctricas se centraron en atender las peticiones de acceso para generación, “mientras que las peticiones de acceso para demanda tenían un crecimiento vegetativo, muy escaso en el sector residencial, y sólo alimentado por la red ferroviaria”. En cambio, el principal motor de este nuevo horizonte es la demanda, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguida por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. “El número de peticiones no sólo se ha multiplicado por cinco, sino que los consumos son de mayor tamaño y ha cambiado notablemente su tipología”, destacaron.
La directora de Aelec, por añadidura, destaca que el Real Decreto también es positivo porque reconoce “las inversiones ancipatorias, las técnicas (como las relacionadas con la digitalización o la avifauna) y hace un tratamiento igualitario de las redes de transporte y distribución”.
La rentabilidad
Pero no es oro todo lo que reluce. La representante de la patronal deja claro que, para lograr los objetivos, lo anterior debe venir acompañado de un modelo retributivo, que sea acorde con el Real Decreto.
Ese modelo consiste en conceder a las empresas una rentabilidad en forma de tasa de retorno sobre las inversiones hechas en los sistemas energéticos. Esta tasa es aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el periodo 2016-2021, según datos de la CNMC, las retribuciones por inversiones en las redes de distribución se repartieron en un 92% entre empresas de los grupos Endesa, EDP, Iberdrola y Naturgy, que obtuvieron 23.767 millones en esos años.
En julio de 2025, la CNMC propuso una Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 6,46% en el sector eléctrico, superando el valor del periodo retributivo anterior del 5,58%.
Para Aelec, la Comisión utiliza una fórmula para la prima de riesgo de mercado “que no se alinea con las prácticas mayoritarias en Europa y no refleja adecuadamente el coste real para los inversores”. Además, “no contempla que el coste de financiación en España es superior a la media europea, lo que subestima el coste real del capital, y no refleja el mayor riesgo asociado que se pretende asignar a la inversión en redes, tratando a las redes eléctricas peor que a las de gas y contradiciendo las orientaciones de política energética”.
Si se corrigieran estas diferencias, concretan, la TRF debería situarse alrededor del 7,5%, “un nivel en línea con las tasas que se están aplicando en otros países, con los informes publicados por los analistas y más adecuado para permitir la inversión y el desarrollo del sector”.
