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A 14 de agosto de 2026 no hay en las Cortes Generales una nueva “gran reforma” integral de la Ley Concursal o del régimen de Segunda Oportunidad en fase avanzada de tramitación. Sí existe, en cambio, un proyecto de ley económico con modificaciones relevantes del texto refundido de la Ley Concursal y, en paralelo, un desarrollo reglamentario muy avanzado sobre la administración concursal.

1. Principal proyecto de ley con impacto concursal en trámite

La iniciativa más clara actualmente en tramitación que toca de manera directa el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) es el:

• Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, que transpone la Directiva (UE) 2021/2167 sobre administradores y compradores de créditos dudosos.
  • Cámara: Congreso de los Diputados.
  • Número de iniciativa: 121/000049.
  • Objeto: regula la actividad de compradores y administradores de créditos dudosos y modifica, entre otras, la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley de contratos de crédito al consumo, la Ley de crédito inmobiliario y el texto refundido de la Ley Concursal.
  • En la exposición de motivos y en las disposiciones finales se introducen ajustes concursales (por ejemplo, tutela de determinados fondos en fase preconcursal y coordinación con la prelación de créditos y los procedimientos de insolvencia).
  • Situación procesal: tramitado por el procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena de la Comisión de Economía. El plazo de enmiendas al articulado está ampliado actualmente hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que sigue en la fase de enmiendas en el Congreso, sin haber pasado aún a ponencia ni dictamen.

  La ficha oficial de la iniciativa puede consultarse en el buscador del Congreso: iniciativa 121/000049 .

Además, algunos reales decretos-ley económicos tramitados como proyecto de ley (por ejemplo, el procedente del Real Decreto‑ley 1/2025, 121/000047, u otros paquetes de medidas urgentes) incluyen disposiciones que remiten a la Ley Concursal o a su régimen de avales y créditos, pero se trata de ajustes puntuales “colgados” de normas mixtas, no de una reforma estructural concursal ni de la Segunda Oportunidad como tal.

2. Desarrollo reglamentario clave: Administración concursal

En paralelo a la vía estrictamente parlamentaria, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impulsado un desarrollo reglamentario de gran importancia para el funcionamiento práctico del sistema:

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Concursal.
  • Fase: audiencia pública entre el 12 de marzo y el 1 de abril de 2026.
  • Documento oficial disponible en la web del Ministerio de Justicia: borrador de Reglamento de la Administración Concursal .
  • El texto desarrolla aspectos que la Ley 16/2022 dejó pendientes: acceso a la profesión, nombramiento, retribución y control de los administradores concursales, así como funcionamiento del sistema de designación.
• La CNMC ha emitido en julio de 2026 un informe con recomendaciones sobre este proyecto de reglamento, valorando positivamente la profesionalización mediante examen de aptitud, pero pidiendo un test de proporcionalidad de los requisitos de acceso y mejoras en el sistema de nombramiento y retribución (nota de la CNMC).

Este desarrollo reglamentario no pasa por el Congreso, pero es el complemento operativo de la gran reforma legislativa ya aprobada y condiciona de hecho la práctica concursal y, por extensión, la efectividad de la Segunda Oportunidad.

3. Segunda Oportunidad: situación tras la gran reforma

El régimen de Segunda Oportunidad se reconfiguró de manera profunda con la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que transpone la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia (BOE Ley 16/2022). Esa norma:

• Amplió las deudas exonerables y articuló la exoneración con y sin liquidación del patrimonio, con plan de pagos.
• Rediseñó el tratamiento de la persona física y los procedimientos para microempresas, buscando un uso más efectivo de la Segunda Oportunidad.

Con la información disponible, no consta en este momento una nueva proposición o proyecto de ley específica de reforma del mecanismo de Segunda Oportunidad que haya superado ya fases clave (toma en consideración, ponencia, dictamen) en las Cortes. El debate político y sectorial (asociaciones de administradores concursales, propuestas de partidos como Sumar, etc.) sí reclama ajustes adicionales —especialmente en el tratamiento del crédito público y en la simplificación de trámites—, pero esas demandas aún no se han cristalizado en un texto legislativo concreto en tramitación avanzada.

4. Resumen práctico

• El TRLC y la Segunda Oportunidad se apoyan hoy en la gran reforma ya en vigor (Ley 16/2022).
• Está en curso en el Congreso un proyecto de ley económico‑financiero (121/000049) que introduce modificaciones puntuales en el texto refundido de la Ley Concursal, actualmente bloqueado en la fase de enmiendas.
• En el Ejecutivo, el Reglamento de la Administración Concursal está en una fase muy avanzada de elaboración, tras audiencia pública e informes como el de la CNMC.
• No existe, a día de hoy, una nueva gran reforma estructural de la Ley Concursal o de la Segunda Oportunidad en fase final de tramitación parlamentaria; el escenario es de ajustes parciales y desarrollo reglamentario.

En el mecanismo de segunda oportunidad de la Ley Concursal (tras la reforma de la Ley 16/2022), el juez del concurso concentra un conjunto muy definido de competencias en torno al plan de pagos que sirve de base a la exoneración del pasivo insatisfecho sin liquidación previa. Estas competencias abarcan desde el control inicial de la propuesta hasta la modificación, control de cumplimiento y decisión final sobre la exoneración.

1. Control de requisitos y admisión del plan de pagos

• El deudor persona natural puede solicitar la exoneración “con sujeción a un plan de pagos” y debe presentar una propuesta detallada que incluya calendario de pagos de los créditos exonerables, recursos previstos para cumplir el plan y para atender las deudas no exonerables y nuevas obligaciones, así como, en su caso, un plan de continuidad de la actividad.
• El letrado de la Administración de Justicia da traslado del plan a los acreedores personados para alegaciones, pero es el juez quien, “previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley, del contenido del plan de pagos y de las posibilidades objetivas de que pueda ser cumplido”, debe decidir si procede o no la exoneración con plan de pagos.
• En este control de legalidad, el juez debe comprobar, entre otros extremos, que el plan no convierta de hecho el procedimiento en una liquidación total del patrimonio ni altere el orden legal de pago de créditos sin el consentimiento exigido por la ley.

2. Aprobación judicial del plan y concesión de la exoneración provisional

• Tras las alegaciones de los acreedores, el juez puede denegar o conceder provisionalmente la exoneración, “con aprobación del plan de pagos en los términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas, consten o no en las alegaciones de los acreedores”.
• Esto otorga al juez una competencia amplia de configuración judicial del plan: puede introducir ajustes en importes, plazos, medidas de disposición o administración, siempre dentro de los límites legales y buscando la viabilidad objetiva.
• Además, cuando se plantean impugnaciones por los acreedores frente a la exoneración o al propio plan (por ejemplo, por no garantizar al menos lo que obtendrían en una liquidación, por no destinarse al pago todos los bienes no necesarios o las rentas embargables, o por oposición mayoritaria de acreedores), esas impugnaciones se tramitan como incidente concursal y se resuelven por sentencia del juez. La sentencia es apelable, pero la competencia de primera instancia es del juez del concurso.

3. Competencias durante la vigencia del plan: control y modificación

• Una vez eficaz la exoneración provisional, el juez conserva un papel de control: el deudor debe informar semestralmente al juez sobre el cumplimiento del plan y cualquier alteración patrimonial significativa, de manera que el órgano judicial pueda valorar si se mantiene la base económica sobre la que se construyó el plan.
• Cuando, tras la eficacia de la exoneración provisional, se produce una alteración significativa de la situación económica del deudor, tanto el deudor como cualquier acreedor afectado pueden solicitar del juez la modificación del plan de pagos aprobado.
• La modificación se tramita, aprueba e impugna “en los plazos y forma previstos para el plan original” y, de nuevo, la decisión última de aprobar o no la modificación corresponde al juez, que debe ponderar si la nueva configuración sigue siendo conforme a la ley y viable.

4. Incumplimiento, revocación y liquidación

• En caso de incumplimiento del plan de pagos, cualquier acreedor afectado puede solicitar del juez la revocación de la exoneración provisional. También cabe la revocación cuando los pagos dependían fundamentalmente de la renta del deudor y se acredita que este no destinó al pago las rentas y recursos que exceden del mínimo inembargable y de lo necesario para sus obligaciones corrientes y deudas no exonerables.
• Si el juez acuerda revocar, su resolución implica la resolución del plan de pagos, el cese de sus efectos sobre los créditos y la apertura de la liquidación de la masa activa. No obstante, los actos ya realizados en ejecución del plan conservan efectos, salvo fraude o vulneración del propio plan o de la igualdad de trato entre acreedores, extremo que también debe valorar el juez.

5. Concesión de la exoneración definitiva y efectos sobre los créditos

• Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan sin revocación, el juez dictará auto concediendo la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.
• Incluso si el deudor no ha cumplido íntegramente el plan, el juez, previa audiencia de los acreedores, puede conceder la exoneración definitiva cuando el incumplimiento derive de accidente, enfermedad u otros acontecimientos graves e imprevisibles, siempre que se hayan respetado las limitaciones o prohibiciones de disposición y las cesiones en pago previstas.
• La resolución judicial que concede la exoneración (provisional o definitiva) produce efectos directos sobre los créditos: determina qué parte del pasivo exonerable queda insatisfecha y, por tanto, exonerada, y es el título que sirve para ordenar a los acreedores la actualización de sus registros y a los sistemas de información crediticia la anotación de la exoneración.

En síntesis, el juez del concurso es el eje de la segunda oportunidad con plan de pagos: controla la legalidad y viabilidad del plan, lo aprueba y modula, resuelve las impugnaciones, supervisa su ejecución, decide sobre su modificación o fracaso y, finalmente, otorga o deniega la exoneración definitiva, fijando con su resolución el alcance de los efectos sobre los créditos y los acreedores.

La exoneración del pasivo insatisfecho (segunda oportunidad) está pensada para cualquier deudor persona física, tanto particular como autónomo. El núcleo de los requisitos es común, pero en el caso de trabajadores autónomos y empresarios individuales se añaden exigencias prácticas ligadas a su condición de empresarios (fiscales, contables y de Seguridad Social) que, en la práctica, hacen el filtro más estricto.

Requisitos comunes para cualquier persona física

Con la regulación concursal vigente (tras la reforma de la Ley Concursal y su texto refundido), los requisitos básicos de acceso a la exoneración, tanto para particulares como para autónomos, son esencialmente:

• Buena fe del deudor: no haber sido declarado culpable el concurso (salvo supuestos muy excepcionales), haber colaborado con el juzgado y la administración concursal, y no haber ocultado bienes o ingresos.
• Ámbito objetivo: ser persona física, ya sea consumidor o empresario individual. Las sociedades mercantiles no pueden acogerse a la exoneración del pasivo insatisfecho.
• Conducta previa correcta: no haber sido condenado en los últimos años por determinados delitos patrimoniales, socioeconómicos, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, falsedad documental, etc., o bien haber satisfecho la responsabilidad civil derivada.
• Colaboración con el procedimiento: aportar documentación completa, no destruir ni manipular la información económico–financiera y atender los requerimientos del juzgado y de la administración concursal.
• Esfuerzo razonable de pago: ya sea mediante liquidación de la masa activa o a través de un plan de pagos, el deudor debe destinar su patrimonio embargable y sus ingresos disponibles a atender, en la medida de lo posible, a los acreedores.
• Límites respecto de la deuda pública y alimentos: aunque la reforma amplía el alcance de la exoneración, ciertos créditos (alimentos, sanciones penales y determinadas partidas de deuda pública) siguen teniendo un tratamiento restrictivo o solo parcialmente exonerable para cualquier persona física.

Exigencias específicas o reforzadas para autónomos

Cuando el deudor es trabajador autónomo o empresario individual, se aplica todo lo anterior, pero se añaden requisitos y controles derivados de su condición de profesional o empresario:

• Cumplimiento de obligaciones contables y registrales: al autónomo que ejerce actividad económica se le exige haber llevado una contabilidad ordenada o, al menos, una mínima trazabilidad de ingresos y gastos (libros–registro de IVA, facturación, cuentas bancarias separadas, etc.). Un incumplimiento grave y reiterado en este punto puede conducir a calificar el concurso como culpable y cerrar la puerta a la exoneración.
• Regularidad fiscal y de Seguridad Social “razonable”: no se exige estar completamente al día (precisamente porque suele haber deudas), pero sí haber presentado las declaraciones tributarias y liquidaciones a la Seguridad Social. La ocultación sistemática de bases imponibles, la falta de altas/bajas en RETA o el uso de facturación falsa pueden ser razones para negar la buena fe.
• Tratamiento de la deuda pública ligada a la actividad: en los autónomos pesa especialmente la deuda con Hacienda y Seguridad Social derivada de cuotas y retenciones. Aunque el régimen de exoneración de deuda pública se aplica a cualquier persona física, en la práctica los jueces examinan con mayor rigor:
  • si el deudor ha intentado regularizar su situación (aplazamientos, fraccionamientos),
  • si ha cumplido, al menos, con las obligaciones corrientes más recientes,
  • y si no ha eludido deliberadamente el pago de retenciones o cuotas ajenas.
• Análisis de la continuidad o cese de la actividad: el particular consumidor suele limitarse a liquidar su patrimonio. En los autónomos, el juez debe valorar si:
  • la actividad se extingue definitivamente con la liquidación, o
  • se mantiene bajo un plan de pagos, garantizando que el negocio pueda ser viable sin reproducir el sobreendeudamiento.
  Este examen de viabilidad y de previsión de ingresos futuros es mucho más intenso que en el caso de un asalariado o un pensionista.
• Responsabilidad por deudas generadas en la gestión del negocio: se valora la diligencia profesional del autónomo en la contratación de créditos, en el pago de proveedores y en la gestión de su tesorería. Una acumulación de deudas fruto de una gestión temeraria (por ejemplo, seguir endeudándose sin posibilidad real de devolución) puede llevar a negar la exoneración por falta de buena fe.

Diferencias prácticas frente a los particulares no empresarios

En resumen, mientras que para un particular no empresario el foco está en su conducta como consumidor (uso responsable del crédito, ausencia de fraude, colaboración en el procedimiento), en el autónomo se superpone un segundo filtro: la forma en que ha gestionado su negocio y ha cumplido —o no— sus obligaciones profesionales, contables y fiscales.

Por ello, aunque el marco jurídico de la segunda oportunidad es formalmente el mismo para todos los deudores personas físicas, en la práctica los autónomos deben acreditar un plus de diligencia y transparencia ligado a su condición de empresarios individuales, especialmente en materia de libros, declaraciones, relación con Hacienda y Seguridad Social y viabilidad de la actividad futura.