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Para modificar la estructura del PVPC (tarifa regulada eléctrica) a nivel de ley en España, el cauce ordinario es una ley ordinaria (incluida la posible reforma de la Ley del Sector Eléctrico), tramitada primero en el Congreso y después en el Senado, y aprobada por mayoría simple en el Congreso. Alternativamente, el Gobierno puede actuar con mayor rapidez mediante un real decreto‑ley, que entra en vigor de inmediato pero debe ser convalidado posteriormente por el Congreso, también por mayoría simple, pudiendo tramitarse después como proyecto de ley para introducir enmiendas. En ambos casos, la reforma sólo es plenamente eficaz una vez aprobada por las Cámaras, sancionada por el Rey y publicada en el BOE. Lo que cambie después el detalle técnico del PVPC suele completarse vía reglamentos (reales decretos, órdenes), pero apoyados en esa habilitación legal.

a) Reforma mediante ley ordinaria o reforma de la Ley del Sector Eléctrico

1. Fase gubernamental previa (antes del Parlamento)

Cuando la iniciativa parte del Gobierno (lo habitual en energía), el Ministerio competente elabora un anteproyecto de ley. En muchos casos se abre una consulta pública previa y una audiencia e información pública sobre el borrador. Tras estos trámites, el texto se eleva al Consejo de Ministros, que lo aprueba como proyecto de ley y lo remite al Congreso de los Diputados.

2. Tramitación en el Congreso de los Diputados

• Calificación y toma en consideración: la Mesa del Congreso admite a trámite el proyecto y se publica el texto. Si fuera una proposición de ley (iniciativa de grupos parlamentarios) habría una votación de toma en consideración; en los proyectos de ley del Gobierno este paso es más formal.
• Enmiendas a la totalidad y al articulado: los grupos pueden presentar enmiendas a la totalidad (de devolución o de texto alternativo) y enmiendas parciales a los artículos que afecten, por ejemplo, a la definición del PVPC, su metodología o el reparto de costes.
• Debate de totalidad en Pleno: si hay enmiendas a la totalidad, el Pleno decide si continúa la tramitación. El rechazo de la devolución permite seguir adelante.
• Ponencia y Comisión: una comisión (normalmente de Transición Ecológica o equivalente) nombra una ponencia que negocia y redacta un informe de ponencia integrando o rechazando enmiendas. La Comisión debate y aprueba un dictamen, con votación artículo por artículo o por bloques.
• Debate y votación final en Pleno: el Pleno del Congreso debate el dictamen y las enmiendas reservadas. La ley se aprueba por mayoría simple (más votos a favor que en contra, sin contar abstenciones, según la información disponible sobre la aprobación de leyes ordinarias en España).

3. Tramitación en el Senado

• Recepción y plazo de enmiendas: la ley pasa al Senado, donde los grupos pueden presentar enmiendas y propuestas de veto.
• Comisión y Pleno del Senado: la comisión correspondiente emite un dictamen y el Pleno puede:
  • Aprobar un veto (rechazo global).
  • Aprobar enmiendas parciales.
  • No introducir cambios (aprobación tácita o expresa).

4. Vuelta al Congreso, sanción y publicación

• Si el Senado enmienda: el Congreso vota en último término. Puede aceptar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple.
• Si el Senado veta: el Congreso puede levantar el veto transcurridos plazos reglamentarios. Para ello, debe volver a votar; la mayoría exigida depende del momento, pero el Congreso tiene la última palabra.
• Sanción y promulgación: la ley aprobada se remite al Rey para su sanción y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sólo entonces la nueva estructura del PVPC definida en la ley entra en vigor en los términos que la propia norma establezca.

b) Modificación mediante real decreto‑ley

1. Aprobación por el Gobierno

Si el Gobierno aprecia una situación de extraordinaria y urgente necesidad (por ejemplo, una crisis de precios energéticos), puede aprobar un real decreto‑ley que modifique de forma inmediata el marco jurídico del PVPC. El texto entra en vigor al publicarse en el BOE, sin necesidad de tramitación previa en el Senado.

2. Convalidación en el Congreso

• El Congreso debe debatir el real decreto‑ley en un pleno de convalidación dentro del plazo constitucional (normalmente 30 días).
• Se vota su convalidación o derogación. Para que quede convalidado basta una mayoría simple de votos a favor frente a los votos en contra.
• En el mismo debate, el Congreso puede acordar su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que abre la puerta a presentar enmiendas y ajustar con más detalle el diseño del PVPC.

3. Tramitación ulterior como proyecto de ley (opcional)

Si se acuerda esa tramitación, el texto sigue el circuito ordinario de una ley: enmiendas, ponencia, comisión y pleno en el Congreso, y después paso por el Senado, con las mismas reglas descritas en el apartado anterior. El real decreto‑ley convalidado sigue en vigor, pero sus disposiciones pueden ser modificadas, matizadas o consolidadas por la ley resultante.

4. Desarrollo reglamentario

En cualquiera de las dos vías (ley o real decreto‑ley), lo habitual es que la norma se limite a fijar el marco jurídico básico del PVPC (criterios, habilitaciones al Gobierno y a la CNMC, principios de formación de precios), y que después el detalle técnico se concrete mediante reales decretos y órdenes ministeriales, que ya no siguen trámite parlamentario ordinario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no fija el precio final que paga el consumidor por la electricidad, pero sí tiene un papel clave en los elementos regulados de la factura: sobre todo en la metodología y fijación de los peajes de acceso (transporte y distribución) y en la retribución de esas actividades reguladas. En cambio, los cargos del sistema (otros costes regulados) y los precios voluntarios (PVPC) los fija el Gobierno/Ministerio, con informe previo de la CNMC. Además, supervisa el funcionamiento competitivo del mercado y la transparencia de la facturación, aunque sin fijar los precios libres.

Marco legal básico de las competencias de la CNMC

Las competencias de la CNMC en materia de tarifas eléctricas derivan principalmente de:

• Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (Ley 24/2013), que separa peajes (redes) y cargos (otros costes) y atribuye al regulador funciones sobre peajes.
• Real Decreto-ley 1/2019, que “reordena” las competencias y concreta que la CNMC aprobará metodologías, parámetros retributivos y valores de peajes (RDL 1/2019).
• Circular 3/2020 de la CNMC, que desarrolla la metodología de peajes de transporte y distribución (Circular 3/2020).
• Real Decreto 148/2021, que regula la metodología de los cargos del sistema, competencia del Gobierno pero con informe de la CNMC (RD 148/2021).

Peajes de acceso y retribución de redes: núcleo de la competencia de la CNMC

Metodología y estructura de los peajes

Tras la reforma de 2019, el RDL 1/2019 establece que la CNMC:

• Aprueba, mediante circular, la estructura y metodología de los peajes de acceso a las redes de electricidad.
• Debe hacerlo siguiendo criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación, garantizando la sostenibilidad económico‑financiera del sistema (así se recoge en la propia Circular 3/2020).
• Diferencia expresamente entre peajes (retribución de transporte y distribución) y cargos (resto de costes regulados).

En desarrollo de esas competencias, la CNMC aprobó la Circular 3/2020, que fija la metodología para calcular la parte de los peajes destinada a remunerar las redes de transporte y distribución de electricidad.

Fijación anual de los valores concretos de peajes

Además de la metodología, la CNMC determina cada año los valores concretos de los peajes aplicables a consumidores y productores, mediante resoluciones que se publican en el BOE. Algunos ejemplos recientes son:

• Resolución de 21 de diciembre de 2023, por la que se fijan los peajes a partir de 1 de enero de 2024 (peajes 2024).
• Resolución de 4 de diciembre de 2024, con los peajes desde 1 de enero de 2025 (peajes 2025).
• Resolución de 18 de diciembre de 2025, para los peajes de 2026 (peajes 2026).

Estas resoluciones se dictan “de conformidad con el artículo 13” de la Circular 3/2020, lo que refleja que la CNMC aplica la metodología propia que ella misma ha aprobado para obtener los peajes de cada año.

Retribución de transporte y distribución

El RDL 1/2019 indica también que la CNMC aprueba la metodología, parámetros retributivos, base regulatoria de activos y remuneración anual de las actividades de transporte y distribución de electricidad. Sobre esa base, la CNMC formula propuestas de retribución y de parámetros que luego el Gobierno incorpora mediante órdenes o reales decretos sectoriales (como los que desarrollan la retribución del transporte o la de la distribución).

Cargos del sistema y otros costes regulados: papel más limitado

En cuanto a los cargos del sistema eléctrico (renovables, extrapeninsulares, políticas sociales, etc.), el RD 148/2021, basado en la disposición final tercera del RDL 1/2019, dispone que:

• El Gobierno, a propuesta del Ministerio y previo informe de la CNMC, aprueba mediante real decreto la metodología de cálculo de los cargos.
• La persona titular del Ministerio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprueba cada año los valores de los cargos.

Esto se concreta anualmente en órdenes ministeriales como la Orden TED/113/2024 (cargos 2024) o la Orden TED/1487/2024 (cargos 2025), que citan la Circular 3/2020 y el RD 148/2021: la CNMC informa y condiciona metodológicamente, pero no aprueba los cargos ni sus precios.

Precios finales, PVPC y supervisión de mercado

Respecto a las “tarifas eléctricas” en sentido amplio (precio PVPC, ofertas del mercado libre), la CNMC:

• No fija directamente el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) regulado en el Real Decreto 216/2014; ese precio se determina por la metodología gubernamental y el resultado del mercado mayorista.
• No fija los precios de las comercializadoras en el mercado libre, que se pactan libremente.
• Sí ejerce funciones de supervisión y control de la competencia, de la transparencia de las ofertas y de la correcta facturación, al amparo de la Ley 3/2013 y la Ley 24/2013.

En suma, la CNMC es decisiva en el “bloque regulado” de la factura (metodología y valores de peajes y retribución de redes) y asesora sobre los cargos, pero el Gobierno y el mercado determinan el precio final de la electricidad que abona el consumidor.

Para acogerse legalmente al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) en España, el punto de suministro debe ser de baja tensión (≤ 1 kV) y tener una potencia contratada ≤ 10 kW, y el titular ha de ser una persona física o una microempresa. Además, el suministro debe formalizarse mediante contrato con un comercializador de referencia del mercado regulado, sin contratar expresamente otra modalidad. Estos criterios se recogen en el Real Decreto 216/2014, dictado en desarrollo del artículo 17 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. A continuación se detallan de forma sistemática los requisitos.

Marco normativo básico

El PVPC se regula principalmente en:

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, art. 17, que define los precios voluntarios para el pequeño consumidor y las tarifas de último recurso: Ley 24/2013.
• Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, que establece la metodología de cálculo del PVPC y su régimen jurídico de contratación: Real Decreto 216/2014.
• Procedimientos de operación que desarrollan componentes del PVPC, como la Resolución de 30 de junio de 2023 (P.O. 14.12): Resolución 30/06/2023.

Además, el PVPC está conectado con el régimen de tarifas de último recurso y bono social previsto en el propio Real Decreto 216/2014.

Requisitos objetivos del punto de suministro

Según el artículo 3 del Real Decreto 216/2014, podrán acogerse al PVPC:

• Tensión de suministro: el punto de suministro debe estar en baja tensión, con tensión no superior a 1 kV.
• Potencia contratada: la potencia contratada debe ser menor o igual a 10 kW en cada uno de los periodos horarios existentes.

El propio real decreto prevé que el límite de potencia pueda modificarse por orden ministerial, pero el umbral vigente indicado en el texto consultado es de 10 kW.

Requisitos subjetivos del titular

El mismo precepto exige que el titular del punto de suministro reúna estas condiciones:

• Ser persona física (consumidor doméstico) o una microempresa
• Ser titular del punto de suministro; es decir, el contrato se suscribe a nombre de quien figura como titular.