La negativa de países como Alemania e Italia a la propuesta impulsada por España, Irlanda y Eslovenia para suspender el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel ha evidenciado esta semana la falta de consenso dentro del bloque comunitario sobre cómo responder a una demanda que está sobre la mesa a raíz de la situación en Oriente Próximo.
La posición de Berlín y Roma, sumada a la confirmación de jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, de que no existe mayoría suficiente para impulsar esta iniciativa, bloqueó de facto una propuesta que no salió adelante, reabriendo el debate sobre los límites reales de la cláusula de derechos humanos del acuerdo.
Dicho acuerdo entre la UE e Israel en vigor en el año 2000 y constituye uno de los marcos más amplios y complejos de cooperación que la UE mantiene con un país del Mediterráneo oriental. Nacido en el Proceso de Barcelona de los años noventa, el tratado combina liberalización comercial, integración científica y diálogo político.
Sin embargo, su aplicación se ha visto progresivamente atravesada por las tensiones en Oriente Próximo que involucran a Israel. En concreto, los tres países demandantes mencionan entre las causas para presentar la propuesta de su suspensión lo que consideran una "grave situación" en Cisjordania y Gaza, así como también la pena de muerte para palestinos aprobada por Israel a raíz de sus ataques a Líbano.
Con todo, conviene refrescar en qué consiste un acuerdo que ha vuelto ha abrir una brecha entre los Veintisiete.
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Un acuerdo estratégico con raíces en los años noventa
El acuerdo se firma en 1995, en un contexto en el que la Unión Europea impulsa una estrategia de estabilidad regional en el Mediterráneo tras el final de la Guerra Fría. El objetivo era establecer un marco de cooperación estructurada que fomentara la interdependencia económica y la aproximación política con los países de la ribera sur.
Israel se incorpora desde el inicio como uno de los socios más avanzados del proceso, debido a su economía altamente desarrollada y a su fuerte sector tecnológico.
Cuando el acuerdo entra en vigor en el año 2000, consolida una relación institucionalizada que va más allá del comercio y se proyecta sobre múltiples ámbitos de cooperación.
El pilar económico del acuerdo y la liberalización del comercio
El núcleo del tratado es económico y se articula en torno a la creación de un área de libre comercio industrial entre ambas partes. A lo largo de los años, el acuerdo ha permitido la eliminación progresiva de aranceles sobre la mayoría de productos industriales, facilitando un flujo comercial estable y de alto valor añadido.
El comercio bilateral refleja una estructura complementaria. Israel exporta principalmente productos tecnológicos, farmacéuticos, equipos médicos y bienes de alto contenido innovador. La Unión Europea exporta maquinaria, vehículos, productos industriales y bienes intermedios.
En el ámbito agrícola, la liberalización es más limitada y se regula mediante cuotas y acuerdos sectoriales específicos. Este capítulo ha sido históricamente más sensible debido a su conexión directa con cuestiones políticas y territoriales.
La cuestión del origen de los productos y su dimensión política
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la aplicación de las normas de origen. La Unión Europea establece que únicamente los productos procedentes del territorio reconocido internacionalmente como Israel antes d 1967 pueden beneficiarse del régimen preferencial.
Esto excluye a los productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios ocupados, como Cisjordania, Jerusalén Este o los Altos del Golán. Estos bienes no pueden ser etiquetados como originarios de Israel y deben identificarse con su procedencia específica.
Esta exigencia ha generado tensiones diplomáticas recurrentes por las acciones de los colonos israelíes en la zona y ha obligado a la UE a desarrollar mecanismos de control aduanero más precisos. También ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reforzado la obligación de diferenciación territorial en el etiquetado.
Cooperación científica y tecnológica como eje estructural
Más allá del comercio, el acuerdo ha consolidado una de las relaciones más intensas de la Unión Europea con un país tercero en materia de ciencia y tecnología.
Israel participa de forma activa en programas europeos de investigación e innovación, como Horizon Europe y Erasmus Plus. Esta participación lo sitúa entre los socios no comunitarios más integrados en el ecosistema científico europeo.
La cooperación abarca áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología, energía y tecnologías médicas. Para la Unión Europea, esta relación tiene un valor añadido significativo en términos de innovación y competitividad global.
La cláusula de derechos humanos y su aplicación política limitada
El artículo segundo del acuerdo establece que el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos constituye un elemento esencial del tratado. Esta disposición permite, en teoría, la adopción de medidas correctivas en caso de violaciones graves, incluida la suspensión parcial o total del acuerdo, como así lo consideran España, Irlanda y Eslovenia.
Sin embargo, en la práctica, esta cláusula no ha sido activada en términos de suspensión. Su aplicación depende del consenso entre los Estados miembros, lo que ha limitado su eficacia como instrumento coercitivo.
En la práctica, ha funcionado más como un marco de referencia política que como un mecanismo operativo de sanción.
Un marco cada vez más condicionado por la política internacional
En los últimos años, el acuerdo ha adquirido una dimensión crecientemente política, especialmente en el contexto del conflicto en Gaza y la situación en los territorios ocupados en Cisjordania.
Dentro de la Unión Europea, las posiciones están divididas. Algunos Estados miembros defienden el mantenimiento del acuerdo sin modificaciones, subrayando su importancia estratégica en materia comercial y científica. Otros han planteado la necesidad de revisar su alcance o condicionar ciertos beneficios al cumplimiento más estricto de los derechos humanos.
La Comisión Europea ha mantenido una posición intermedia, evitando la suspensión del acuerdo, pero reforzando los mecanismos de control, especialmente en lo relativo al origen de los productos y a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Antecedentes
En junio de 2025, España ya había solicitado la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación con Israel en respuesta a la situación en Gaza, una iniciativa que entonces también encontró la oposición de Alemania e Italia.
Ante la falta de apoyos suficientes, la Comisión Europea optó por una alternativa más limitada, proponiendo restringir la participación israelí en el programa científico comunitario Horizonte, aunque la medida no logró reunir la mayoría de 15 Estados miembros necesaria para salir adelante.
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A su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que la Unión Europea debe trasladar a Israel un mensaje claro sobre la necesidad de modificar su enfoque. “Tenemos que decirle a Israel claramente que tiene que cambiar de vía, que la guerra no puede ser la única forma de relacionarse con sus vecinos”, afirmó.
Pero la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló por su parte que, ante la falta de consenso para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, el debate en el seno de la Unión continuará centrado en aquellas medidas que no requieran unanimidad entre los Estados miembros.
La Comisión ya planteó en septiembre la posibilidad de suspender determinadas preferencias comerciales incluidas en el acuerdo, una opción que no implica su ruptura total y que puede adoptarse mediante mayoría cualificada.
Paralelamente, también se encuentran en discusión posibles sanciones dirigidas contra colonos israelíes acusados de violencia, así como contra dos miembros del gobierno de Benjamín Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, aunque estas últimas medidas requerirían unanimidad, lo que complica tambié su aprobación en el actual escenario político europeo.