La Moncloa quiere ir un paso más allá en la presión ejercida sobre el gobierno israelí tras los ataques en el Líbano. Este martes formalizará su petición a Bruselas para romper el acuerdo de asociación con el país de Benjamín Netanyahu. Un movimiento que requiere de equilibrios diplomáticos que por el momento no se observan en Bruselas y que son de una gran complejidad, como diversas fuentes vienen confirmando hasta ahora.
En una misiva enviada el viernes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto con sus homólogas de Irlanda y Eslovenia, España pedía a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que la Unión Europea cortara sus vínculos con Tel Aviv en base a una cláusula del acuerdo. Más concretamente, el artículo dos, que estipula que esta relación podrá romperse en el caso de que se aprecie una vulneración de los derechos humanos, que según el Ejecutivo se estaría produciendo ahora.
"Nuestras numerosas declaraciones al respecto, y nuestros llamamientos directos al Gobierno de Israel para que cumpla plenamente con sus obligaciones internacionales y morales y revierta dichas medidas, han sido ignorados”, afirmaba Albares en el texto remitido a la Comisión Europea de la que espera que asuma su responsaibilidad defendiendo "los vaores fundamentales que han susteantdo al proyecto europeo desde su fundación".
Equilibrios diplomátcios, el menú del día
Sin embargo, no es del todo sencillo. La ruptura del acuerdo de asociación requiere unanimidad entre los Veintisiete, al tratarse de una decisión política que afecta directamente a la política exterior de la Unión. “Se considera una decisión de política exterior que está vinculada a la cláusula de derechos humanos. Esto implica que cualquier Estado miembro puede vetarla”, argumentan fuentes diplomáticas a Demócrata. En esta misma línea, el lunes Kallas dijo no constatar un consenso respecto a esta postura antes de la reunión de los titulares de exteriores este martes en Luxemburgo.
Bruselas, como casi siempre, tiene otro as bajo la manga: la parte comercial del acuerdo. En septiembre, cuando todavía se mantenían vivos los ataques en la franja de Gaza, el Colegio de Comisarios llegó a adoptar la ruptura de la relación comercial con el bloque de Netanyahu, pese a que no terminó por entrar en vigor, ya que el acuerdo de paz alcanzado tras la mediación de Estados Unidos frenó todas las negociaciones. Las fuentes consultadas confirman que esta decisión “funciona bajo la política comercial común europea”, que opera por mayoría cualificada. Kallas cree que, en caso de barajarse un escenario para poner más presión sobre Israel, primero se debatiría este movimiento.
Esta decisión se materializó en una congelación de las preferencias arancelarias concedidas a Israel, que hacían referencia desde la libre circulación de mercancías hasta la propiedad intelectual, pasando por la contratación pública.
"Ya tenemos algunas medidas sobre la mesa"
Sobre la mesa, es más realista que los europeos opten por medidas comerciales como la suspensión de preferencias arancelarias, la restricción de importaciones o el endurecimiento de condiciones comerciales, que no requerirían unanimidad. Eso sí, Bruselas tendría que volver a sus equilibrios habituales: es necesario justificar estas medidas para que no parezcan sanciones políticas, lo que podría facilitar el apoyo de los países más cercanos a Israel.
Lo cierto es que España lidera un bloque junto a Irlanda y Eslovenia, que en los últimos días podría sumar nuevos socios. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó hace una semana que su país no renovaría su acuerdo de cooperación en materia de Defensa con el gobierno de Netanyahu ante la necesidad de “seguir trabajando para hacer avanzar las negociaciones de paz” entre Estados Unidos e Israel, haciendo “todos los esfuerzos posibles para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz”.
Por su parte, el portavoz de exteriores francés, Pascal Confavreux, también cree que este debate se podría reabrir a causa de unas operaciones militares que tacha de inaceptables y desproporcionadas. A esto se suma el hecho de que una iniciativa ciudadana haya alcanzado el millón de firmas necesario para debatirse. “Un millón de personas se han pronunciado: la UE debe suspender por completo su Acuerdo de Asociación con Israel; la UE debe defender el derecho internacional y poner fin a su complicidad con el genocidio israelí”, explicaron los impulsores.
España, dispuesta a seguir adelante
“Una vez más se verá que no estamos solos”, llegó a replicar la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a la vista de la cita de este martes. En los equipos diplomáticos comunitarios rebajan las expectativas y descartan una votación inmediata en el Consejo sobre la ruptura del acuerdo de asociación. El plan de Kallas pasa por buscar primero consenso en la vía comercial, el paso más sencillo al no requerir unanimidad, para después valorar otras opciones.
En datos
¿Cómo se toman las decisiones en Bruselas?
En la Unión Europea, el tipo de votación depende del ámbito: la unanimidad se reserva para las decisiones más sensibles, como la política exterior, la defensa, las sanciones o cuestiones fiscales, donde los Estados no quieren ceder soberanía y cualquier país puede vetar. En cambio, la mayoría cualificada se utiliza en la mayor parte de las políticas comunitarias, especialmente en materia económica, comercial, mercado interior o regulación.
La unanimidad exige el visto bueno de los 27 Estados miembros, de modo que un solo país puede bloquear cualquier medida, algo habitual en política exterior o sanciones.
En cambio, la mayoría cualificada permite sacar adelante decisiones sin consenso total, ya que basta con el apoyo de al menos el 55% de los países (15 de 27) que representen como mínimo el 65% de la población de la UE, un sistema más ágil que se utiliza sobre todo en cuestiones económicas y comerciales.
Berlín es una de las capitales más escépticas a la hora de tomar este tipo de decisiones respecto a Tel Aviv. El pasado verano ya vetó la propuesta de la Comisión Europea de impedir a Israel acceder al fondo de investigación Horizonte Europa, que cuenta con 95.000 millones de euros. Entonces, Países Bajos, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Eslovenia, Portugal, Malta y España aprobaron la medida.
En este contexto, la caída del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las elecciones de hace apenas dos semanas abre una nueva ventana de oportunidad, ya que su gobierno era hasta ahora contrario a cualquier tipo de sanciones contra Israel. “No hablaré en nombre del nuevo Ejecutivo”, ha aclarado la jefa de la diplomacia comunitaria, que sí cree que se pueden “revisar políticas como imponer sanciones a los colonos violentos y ver si se adopta un nuevo enfoque”.
¿Qué supone este vínculo?
En materia comercial, el país hebreo es el 31.º socio de la Unión, es decir, representa casi el 0,8 % del comercio total de bienes de la UE en el mundo. Así, Israel era hasta ahora el tercer socio comercial más grande de la UE en la región mediterránea, solo detrás de Marruecos y Argelia. Por otro lado, actualmente la Unión es el mayor socio comercial de Israel, llegando a representar el 32 % del comercio total de bienes con el mundo.
En 2024, el comercio entre ambas potencias superó los 42.000 millones de euros. Las importaciones desde Israel rondaron los 16.000 millones, principalmente en maquinaria, transporte y productos químicos, mientras que las exportaciones de la UE superaron los 26.000 millones.
Existen precedentes de este tipo de decisiones. En 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, el Consejo Europeo paralizó la cooperación con Rusia, salvo excepciones puntuales. Bruselas también ha utilizado antes las sanciones como palanca, por ejemplo con Serbia, donde sin romper formalmente el acuerdo de asociación sí se han congelado capítulos de adhesión.
Lejos de los vetos y el escepticismo de algunos Estados miembros, la Unión Europea vuelve a poner a prueba su capacidad de reacción geopolítica. Todo ello en un contexto en el que Estados Unidos se acerca al fin del alto el fuego con Irán sin un acuerdo de paz, un escenario en el que España presiona, aun sabiendo que no las tiene todas consigo.