QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el informe sobre el Estado de Derecho en España, que la Comisión Europea publicó en julio de este mismo año, se reconocía como una medida fundamental la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Consejo de Ministros hoy. El Ejecutivo comunitario sostiene que, mediante ella, se podrá aumentar la eficiencia del sistema judicial, especialmente en la lucha contra la corrupción.
A lo largo del texto, Bruselas puso el foco en la lentitud de los procesos contra casos de corrupción, así como en la falta de transparencia en la financiación de partidos políticos y la contratación pública.
En este sentido, se reconocía que el país había avanzado significativamente en la aplicación de la recomendación de intensificar los esfuerzos para reducir la duración de las investigaciones y enjuiciamientos de la corrupción de alto nivel, en particular, por los trabajos en curso para la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Eso sí, en la Comisión afirman que, si bien el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LECRIM incluía preceptos para acotar el ejercicio de la acción popular, algunas partes interesadas habían criticado esta reforma, alegando que las limitaciones propuestas son excesivas y socavarían el valor de este mecanismo.
Del mismo modo, en el informe se relacionaba la reforma de la LECRIM con la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Así, se señalaba que el objetivo era reforzar la independencia y autonomía de los fiscales para que puedan asumir mejor su nueva función investigadora en los procesos penales.
La reforma aprobada
En lo que respecta al contenido de la propuesta, el cambio más relevante consiste en otorgar al Ministerio Fiscal la responsabilidad de la investigación y la instrucción penal, siempre bajo la supervisión de un juez encargado de garantizar los derechos fundamentales y las debidas garantías procesales. Estos jueces se ocuparán de resolver cuestiones como la prisión provisional o las intervenciones telefónicas, entre otras.
Así, la dirección de las investigaciones pasará de los jueces a los fiscales, y se prevé habilitar mecanismos para que los jueces que lo deseen puedan integrarse en la carrera fiscal.
Por otro lado, la propuesta del Gobierno plantea restringir el uso de la acusación popular, de modo que los partidos políticos y los sindicatos quedarían excluidos de su ejercicio. Si la reforma se aprueba en los términos propuestos por el Ejecutivo, únicamente podrían ejercer esta figura las asociaciones que acrediten un “vínculo legítimo” con el objeto del proceso.
Mandato del fiscal general
El Ejecutivo comunitario siguió de cerca la tramitación de las reformas del estatuto del Ministerio Fiscal, con especial énfasis en la disociación temporal del mandato. Por ejemplo, se señalaba como positiva la prohibición del nombramiento como fiscal general de ciudadanos que hayan ejercido cargos políticos en los últimos cinco años.
A pesar de las medidas tomadas o en preparación, la Comisión observaba que no se había avanzado en lo que respecta a dicha desvinculación temporal del mandato del FGE con el del Gobierno, “lo cual es una cuestión importante según las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal”.
“Ya se han tomado algunas medidas, y otras se están preparando, para modificar el estatuto del fiscal general del Estado, si bien algunas partes interesadas se muestran abiertamente críticas con esta reforma”, dice el texto.
Ahora, se ha propuesto que este mandato tenga una duración de cinco años, para separarlo de la duración de las legislaturas. De esta manera, en la capital comunitaria se destacó que la Unión Progresista de Fiscales consideraba positivos aspectos como la duración del mandato y la necesidad de solicitar un dictamen al CGPJ para el cese.
Sin embargo, también se mencionaba la preocupación de varias partes interesadas que alegan que la reforma propuesta podría suponer un riesgo para la independencia de la justicia, ya que refuerza las competencias del fiscal general del Estado y reduce las prerrogativas profesionales de los fiscales.
Tramitación parlamentaria
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será tramitada por la Comisión de Justicia, uno de los órganos parlamentarios con más iniciativas pendientes, entre ellas la conocida como Ley Bolaños.
El Proyecto de Ley Orgánica que modifica tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el objetivo de reforzar y ampliar las carreras judicial y fiscal, constituye una de las principales apuestas del ministro. Sin embargo, su tramitación sigue sin avanzar.
La iniciativa superó el debate de totalidad el pasado mes de junio y se encuentra a la espera de que la Comisión de Justicia emita el correspondiente informe de ponencia. El Ejecutivo pretendía incluirla en el llamado “Pleno escoba” previo al receso estival, pero finalmente renunció ante la oposición, principalmente de Junts.
