QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Una delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo ha viajado a España para reunirse con miembros del Ejecutivo, de las Cortes, así como con expertos en derecho constitucional y electoral. Su interés reside en tratar de resolver la duda de por qué España no ha aplicado todavía el umbral electoral nacional obligatorio para las elecciones europeas.
Tras esa ronda de contactos, la delegación se marcha con las manos vacías. “Las respuestas han sido vagas”, dice el presidente de la delegación, el eurodiputado alemán Sven Simon. En enero, la misión solicitó al Gobierno una reunión, sin embargo esta ha sido denegada. Quién atendió a los eurodiputados fue el cuerpo técnico del Ministerio del Interior.
Simon considera que lo que ocurre en España es un problema de carácter político más que jurídico puesto que existen grupos que no están dispuestos a aprobar ese umbral pues supondría perder su representación en Bruselas. “Les hemos solicitado que presenten iniciativas parlamentarias en las Cortes, no hemos encontrado gran disposición, no las presentarán porque dicen que no cuentan con mayorías”, lamenta el líder de la delegación.
Fuentes socialistas en el Parlamento Europeo aseguran que actualmente se están buscando “soluciones políticas” para poder desenquistar el problema. Estas soluciones pasarían por establecer un porcentaje mínimo que de superarse en alguna región podría permitir a la formación acceder a representación parlamentaria esquivando el umbral mínimo.
Cuando se estaba negociando en 2023 el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco consiguió que el Partido Socialista se comprometiese a no reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral general. El umbral que busca aplicar la UE podría dejar fuera de la Eurocámara a fuerzas como Junts o el propio PNV. Pero fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aprobó la propuesta en el Consejo Europeo. Salió adelante por unanimidad.
Por ello, la delegación no oculta su pesar por la negativa del Ejecutivo a sus reuniones. En palabras de Simón, “lamentamos que los ministros no estuvieran disponibles para reunirse con la delegación del parlamento europeo. Nos cuesta entender esto que ha sucedido. El Gobierno apoyó esta ley en el consejo de la UE y todavía no ha notificado la aplicación de esta ley electoral. Este dialogo, durante esta misión, se nos ha negado”.
¿De dónde venimos?
En 2018, el Parlamento Europeo aprobó una reforma electoral que buscaba actualizar las prácticas para las elecciones al organismo en todos los Estados miembros de la UE. Es deber de cada uno de los parlamentos nacionales ratificarla de acuerdo a sus procedimientos constitucionales.
Hoy en día, España es el único Estado miembro que aún no ha cumplido con la reforma, que entre otros camios prevé ese umbral electoral de entre el 3% y el 5% para la asignación de escaños en países con una única circunscripción electoral, como es el caso de España.
Ya en abril, la comisión parlamentaria se reunió con distintos académicos para estudiar qué obstáculos mantienen bloqueada esta reforma electoral. En ese estudio, se prestó especial atención en el retraso de España para poner en marcha los cambios de 2018.
Fueron estos debates los que pusieron de relieve las tensiones generadas por la necesidad de contar con normas uniformes a nivel comunitario.
Entre las propuestas que recogía esa reforma electoral:
- Visibilidad de los partidos políticos europeos. Se solicitaba que las papeletas utilizadas en las elecciones europeas diesen igual visibilidad a los nombres y logotipos de los partidos nacionales y de los partidos políticos europeos.
- Introducción de un plazo de 12 semanas antes de las elecciones para la nominación de los candidatos o establecimiento de listas a nivel nacional.
- Introducción del derecho a voto en las elecciones europeas para todos los ciudadanos de la UE que vivan fuera de la UE. Para evitar el doble voto (por personas con más de una nacionalidad o ciudadanos de la UE residentes en el extranjero), el Parlamento propone que los países intercambien datos sobre votantes.
- Posibilidad de votación electrónica, por internet y por correo.
- Establecimiento de un plazo para la nominación de los principales candidatos por parte de los partidos europeos: las elecciones europeas deberían contar con los “Spitzenkandidaten” respaldados a nivel comunitario para la presidencia de la Comisión.
Una de las medidas que inicialmente levantó más ampollas en algunos grupos fue la introducción de ese umbra para los países más grandes de la Unión, este solo se aplicaría para las circunscripciones con más de 26 escaños. Lo cierto es que una Decisión del Consejo de 2002, que modificaba el Acta de 1976, autorizaba a los Estados miembros a establecer umbrales de hasta el 5%.
Finalmente, en verano de 2018, el Consejo aprobó un proyecto de decisión que modificaba el Acta Electoral. La propuesta clave del parlamento sobre este umbral se modificó para que se aplicase solo a circunscripciones que comprendiesen más de 35 escaños, con un umbral entre el 2% y el 5%. Esa disposición debía aplicarse a más tardar en las elecciones europeas de 2024.
La delegación que ha viajado hasta España está liderada por el eurodiputado alemán Sven Simon e integrada por, entre otros, Adrián Vázquez, Borja Giménez, Juan Fernando López Aguilar, Idoia Mendia y Juan Carlos Girauta.
La verdad es que, al tratarse de una propuesta aprobada por el Consejo, y no una directiva o reglamento, no existe ningún mecanismo legal para sancionar a España por no cumplirlo. Para que la decisión del consejo entre en vigor solo falta que España la apruebe en las Cortes Generales.
