QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PNV presentará en solitario, tras no haber alcanzado un acuerdo con el PSE-EE, una iniciativa para reformar la Ley de Empleo Público con el objetivo de dotar de seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos establecidos en las convocatorias de empleo público. El texto establece que en las futuras convocatorias «no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento» en materia lingüística, algo que, según los ‘jeltzales, suponía «el tendón de Aquiles» de la regulación actual
La decisión de registrar esta iniciativa en solitario se produce después de que, tras semanas de negociaciones con entre el PNV y el PSE-EE, socios de coalición en el Gobierno Vasco y en las principales instituciones de Euskadi, ambas formaciones no hayan llegado a un acuerdo en torno a este asunto.
El objetivo de esta reforma es dotar de seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos establecidos en las convocatorias de empleo público, después de que en los últimos años se hayan producido numerosas sentencias judiciales que anulan dichos requerimientos.
La iniciativa plantea adaptar los requisitos lingüísticos de las Ofertas Públicas de Empleo a la realidad de cada institución y «con criterios de proporcionalidad», con el fin de «normalizar el uso del euskera en la Administración».
El cambio normativo pretende hacer frente a la situación de «inquietud» que han provocado las distintas sentencias judiciales contra los requerimientos lingüísticos de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), según ha explicado el parlamentario del PNV Markel Olano en una rueda de prensa en la Cámara vasca.
«ATAQUES AL EUSKERA»
«No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los ataques al euskera que se vienen produciendo a través de estas sentencias y que perjudican tanto a las personas que hacen una OPE, como al uso del euskera en la Administración», ha destacado Olano, quien ha denunciado que «últimamente se están poniendo en cuestión algunos consensos muy amplios que llevamos décadas tejiendo». Además, ha recordado que «las políticas lingüísticas integradoras desarrolladas en las administraciones vascas han sido una herramienta fundamental para la supervivencia de nuestro idioma».
En ese contexto, el PNV ha registrado un cambio de normativa que busca garantizar que las OPE se desarrollen «sin sobresaltos judiciales» y que «se blinde el respeto a los derechos lingüísticos». El texto registrado este viernes en el Parlamento por el PNV tiene como título ‘Proposición de Ley de Medidas urgentes para la Normalización Lingüística’, y plantea añadir un nuevo apartado al artículo 187 de la Ley de Empleo Público Vasco.
En la práctica, la propuesta plantea que cada administración vasca que realice «un análisis riguroso y justificado, basado en criterios de proporcionalidad y en las necesidades de uso de las lenguas oficiales en la entidad, de cara a fijar los perfiles lingüísticos y sus fechas de preceptividad» a la hora de convocar OPE, según ha explicado el PNV.
«PROPORCIONALIDAD»
Además, la reforma suprime la aplicación de «determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento» como se hacía hasta ahora, algo que, según ha indicado Markel Olano, «ha sido el principal punto de fricción» en el que se ha basado la anulación de los requisitos de las OPE a través de sentencias judiciales, dado que este punto suponía «el tendón de Aquiles» de la forma en la que se regulaba la cuestión lingüística en las OPE.
El texto establece que cada administración, «al aprobar su correspondiente instrumento temporal de planificación sobre la normalización y uso del euskera y establecer en su seno los objetivos, las medidas y los medios a poner en práctica, deberá determinar con el máximo rigor el porcentaje de plazas que tienen fijada la fecha de preceptividad de su perfil lingüístico».
Además, indica que la determinación que realice cada entidad «deberá justificarse en criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los criterios de uso de las lenguas oficiales». En este sentido, el texto subraya que «no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento».
A su vez, se establece que las convocatorias de acceso al empleo público, así como todos los procesos de provisión, movilidad y promoción interna, «tendrán en cuenta y aplicarán el régimen jurídico sobre normalización y uso del euskera en la Administración pública conforme se establece en la presente ley».
