El Gobierno Vasco está considerando la implementación de controles más rigurosos sobre las EPSV de decesos después del fraude descubierto en una de estas entidades en Gallarta, que fue intervenida en junio por el Ejecutivo al detectarse una apropiación indebida de 600.000 euros, casi la totalidad de su capital, por un miembro de su Junta de Gobierno.
El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d’Anjou, durante una respuesta a una consulta parlamentaria de EH Bildu y que fue recogida por Europa Press, describió el método utilizado por el implicado para esconder el presunto fraude. D’Anjou señaló que la documentación que la entidad enviaba regularmente al departamento ‘con apariencia cierta de ser fidedigna’, era en realidad falsificada y además, ‘contaba con el visto bueno de tres personas diferentes de la Junta de gobierno, lo que ‘de facto’ dificultaba deducir el desconocimiento de la situación real por parte de tantos actores’.
El consejero también mencionó que las personas que ocupan la presidencia y la secretaría de cada EPSV deben presentar anualmente al Registro de EPSV la documentación estadístico-contable requerida por la ley. Además, en situaciones como la de esta entidad, es necesario enviar informes trimestrales sobre activos financieros, ingresos y gastos, y el número de sepelios realizados. Hasta ahora, su departamento ha estado solicitando, con ‘cierta periodicidad’, extractos bancarios de las diferentes posiciones de activos financieros de las EPSV supervisadas.
PROFESIONALIZACIÓN
Regularmente, se llevan a cabo inspecciones en relación con diversos temas en diferentes aspectos de las EPSV. Tras este incidente de fraude, el Gobierno ha iniciado un proceso de ‘reflexión interna’, centrado principalmente en la supervisión de las EPSV de decesos. El Ejecutivo contempla medidas como ‘la promoción de la profesionalización’ de estas entidades y la implementación de sistemas ‘que conlleven una mayor y más estricta exigencia documental’, como explicó el consejero.














