QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García, ha afirmado que «no existe ningún contrato en entredicho de su departamento en el informe policial» de la UCO sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y ha criticado que el PP haya puesto «en tela de juicio la honorabilidad de ETS (Euskal Trenbide Sarea) y de Euskotren y de sus adjudicaciones», haciéndolo «de forma gratuita, sin ningún tipo de indicio o de prueba».
«Todas las adjudicaciones llevadas a cabo por las entidades públicas dependientes del Departamento de Movilidad Sostenible respetan y se ajustan escrupulosamente y con el debido rigor a los principios generales que rigen el marco legal bajo el que se configura la contratación pública», ha subrayado.
En el pleno de control que está celebrando la Cámara vasca el parlamentario del PP Santiago López ha preguntado a la consejera sobre las garantías de integridad y transparencia en la gestión del Departamento de Movilidad Sostenible ante las informaciones sobre la presunta trama de corrupción que afecta a varios excargos del PSOE.
El parlamentario del PP ha defendido que «la sociedad vasca no merece que el Gobierno Vasco mire hacia otro lado» y ha citado el informe de la UCO para preguntar si desde el PSE «también se movían hilos», ya que estos informes muestran «un panorama desolador rodeado de sobornos, de adjudicaciones amañadas, de empresas pantalla, de favores políticos y de una opacidad que es deliberada».
También ha criticado «la complicidad de la otra parte del Gobierno Vasco, la del PNV, que sostiene a un Gobierno acorralado por corrupción y mira hacia otro lado» porque «quizá desde Moncloa les paguen bien este favor; no sé si con un par de reuniones de la Comisión Mixta para gestionar un par de transferencias». «Ahora le van a poder exigir mucho más a Sánchez. Con un presidente débil podrán llevar su agenda ideológica incluso mucho más lejos», ha añadido.
«EUSKADI NO ES EXCEPCIÓN»
«Creemos que Euskadi no es ninguna excepción en esta trama», ha afirmado antes de señalar que «Navarra fue el epicentro pero la red se ha extendido y las evidencias empiezan a salpicar ya también al País Vasco» y de exigir «transparencia total» a la consejera.
La consejera socialista ha iniciado su intervención subrayando la «tristeza y profunda decepción que en lo personal ha sentido con lo destapado por el informe de la UCO», pero ha puesto en valor la respuesta «tajante y ejemplar» que ha dado Pedro Sánchez «quien ha retirado a la persona señalada por la UCO de su puesto, le ha pedido su dimisión como diputado –hecho que se ha producido de forma inmediata–, y ha anunciado medidas de regeneración».
García ha rechazado que el PP afirme que existen «sospechas de posibles ramificaciones en Euskadi», cuando «en ninguno de los 490 folios aparece contrato alguno de este departamento o de ETS, ni se pone en entredicho ninguna de sus adjudicaciones», ha subrayado.
En este sentido, ha criticado que el PP «eleva la sospecha a rango de hecho y construye sobre ella una realidad, la que le conviene». «Es incluso capaz de insinuar que este departamento no rinde cuentas y se dedica a ocultar contratos, cuando todos los contratos y procesos de licitación y adjudicación, al igual que el resto de contratos del Gobierno Vasco, se encuentran el perfil del contratante y el Portal de Transparencia, al alcance de cualquiera», ha señalado.
García ha criticado que el PP haya puesto «en tela de juicio a ETS y Euskotren, la honorabilidad de las dos sociedades públicas y de sus adjudicaciones» y cree que lo ha hecho «de forma gratuita, sin ningún tipo de indicio o de prueba».
«Todas las adjudicaciones llevadas a cabo por las entidades públicas dependientes del Departamento de Movilidad Sostenible respetan y se ajustan escrupulosamente y con el debido rigor, a los principios generales que rigen el marco legal bajo el que se configura la contratación pública, garantizando la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre licitadores y el aseguramiento de la eficiente utilización de los fondos públicos destinados a la realización de las obras objeto de contratación», ha resaltado.
En este sentido, ha explicado que ETS es «una de las entidades públicas del Gobierno Vasco que más licitaciones saca a concurso a lo largo del año, cerca de 150 expedientes anuales, un trabajo que es posible gracias al esfuerzo de sus trabajadores que realizan un sinfín de informes técnicos».
Según ha explicado, «una vez realizados los informes por el área técnica correspondiente, la adjudicación se lleva a cabo formalmente a través de una comisión de contratación que avala dichos informes»,y ha insistido en que «todas las licitaciones cumplen con requisitos de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia». «Este sistema garantiza la limpieza del proceso y evita lecturas malintencionadas que pongan en duda la honestidad de las personas que componen las mesas de contratación», ha añadido.
Para García, con esta interpelación el PP vasco busca «hacer méritos, cumplir la orden de su partido en Madrid de dar caña» y cree que les da igual que no consten contratos en Euskadi bajo sospecha en el informe de la UCO porque «el caso es hacer ruido, subir los decibelios, caldear el ambiente, crear un clima de opinión y hacer con ello el mayor daño posible a la Administración vasca, a sus empresas públicas y, por supuesto, al Partido Socialista».
«NINGÚN CONTRATO EN ENTREDICHO»
Tras rechazar «hacerle el juego» al PP, ha reiterado que «a día de hoy, 20 de junio de 2025, no existe ningún contrato en entredicho de su departamento en el informe policial, que actualmente es la única información fiable de la que se dispone».
Asimismo, ha criticado que la interpelación del PP busca «desacreditar sin pruebas a organizaciones y personas que no están siendo investigadas en este informe pericial» y ha reconocido que algunos medios de comunicación han publicado informaciones sobre una mención que recoge las página 351 del informe de la UCO al secretario de organización del PSE, Miguel Ángel Morales, con la entonces presidenta de Adif «con el objetivo de que recibiera a la alcaldesa de Pasaia, interesada en tratar con ella la renovación de la estación» de la localidad.
Según ha explicado, «la gestión buscaba llamar la atención de la presidenta de Adif sobre la importancia del proyecto para el municipio y las dificultades que, por razones de agenda, estaban impidiendo esa reunión que finalmente se celebró». «Usted va a ir a visitar esa estación en pocos días», ha recordado al parlamentario del PP.
La consejera ha reiterado que los procesos de adjudicación de su departamento y, en particular, de ETS «se ajustan a los principios generales que rigen el marco legal bajo el que se configura la contratación pública». «A día de hoy no aparece señalado en el informe de la UCO ningún contrato perteneciente a la Administración pública vasca, ni se pone en entredicho ninguna de sus adjudicaciones», ha insistido.
Por ello, ha defendido que su Gobierno «no puede rendir cuentas de lo que no hay o no conoce» y ha explicado que tampoco han recibido «comunicación o requerimiento alguno por parte de la UCO, la Fiscalía o los juzgados en relación a la investigación de referencia».
«En todas las organizaciones hay personas que no obran bien, con prácticas poco honorables, incluso delictivas. Usted lo conoce perfectamente; en su casa tienen muchos ejemplos. La diferencia está en cómo se combaten esas prácticas desde los distintos partidos o instituciones, en la reacción. En mi partido las decisiones sobre esas personas se han adoptado de forma tajante e inmediata», ha contestado al PP.
