Pradales rechaza acusaciones sobre la implicación de CAF en Gaza y critica a Sumar por politizar el conflicto

Imanol Pradales, lehendakari, ha defendido firmemente que CAF no está involucrada en el genocidio de Gaza por su participación en el proyecto del tren ligero en Jerusalén, y ha criticado a Sumar por ‘instrumentalizar el drama palestino’, tras la solicitud de esta formación al Gobierno Vasco de tomar medidas para que la compañía abandone dicho proyecto.

Durante el pleno de control en el Parlamento Vasco, Pradales respondió a Jon Hernández, parlamentario de Sumar Mugimendua, quien había relacionado la actividad de CAF, que cuenta con inversión pública, con la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel.

‘En la política no todo vale’, expresó Pradales, condenando las ‘muy graves’ acusaciones de Hernández, quien afirmó que CAF es ‘corresponsable del genocidio’, un proyecto que las Naciones Unidas han tildado de ‘criminal’. ‘Ya está bien de señalar en democracia’, remarcó Pradales, recordando las consecuencias de tales acusaciones en la historia del país.

El lehendakari subrayó que ‘el máximo responsable del genocidio en Gaza es el gobierno de Netanyahu; el gobierno de Israel, señor Hernández’, y reiteró su crítica sobre la manipulación del sufrimiento del pueblo palestino.

Hernández argumentó que colaborar en el proyecto equivale a apoyar la política de ‘apartheid’ israelí y remarcó que el derecho internacional considera crimen de guerra la construcción en territorios ocupados, función que cumple el proyecto del tren ligero, esencial para sostener asentamientos ilegales.

Pradales instó a Sumar Mugimendua a ser ‘coherente’, señalando la contradicción de sus demandas en Euskadi y sus acciones en Madrid, donde son parte del Gobierno y cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores avaló el contrato sin objeciones legales ni éticas.

Finalmente, Pradales reafirmó que CAF sigue altos estándares de conducta empresarial, aplicando guías de diligencia de vida en zonas de conflicto, avalada por la ONU, y respetando las directrices de la OCDE, con el respaldo legal y el apoyo sindical al contrato.