QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Especial de Vivienda del Parlamento Europeo lleva meses trabajando en un informe, que está previsto que se apruebe durante la primera mitad de 2026. Esta semana se ha cerrado el plazo para que los diferentes grupos políticos presentaran sus enmiendas al documento. En esta fase inicial de las conversaciones, Demócrata ha tenido acceso a las enmiendas que las distintas formaciones han registrado.
El proyecto de informe, elaborado por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez, plantea una batería de medidas centradas en simplificar la normativa, aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso a financiación y reforzar la protección a los colectivos más vulnerables. El texto parte de la idea de que la crisis actual en el mercado inmobiliario se debe principalmente al desequilibrio entre la oferta y la demanda, y afirma que “la raíz del problema es la falta de suministro suficiente”.
En conversación con este medio, las delegaciones españolas valoraron positivamente el espíritu general del informe, aunque expresaron reservas en varios aspectos. Desde el grupo socialista lamentan la ausencia de referencias más claras al impacto de la especulación y reclaman un mayor énfasis en la protección de los inquilinos, incluyendo posibles medidas para regular el mercado del alquiler y prevenir abusos. Por su parte, Los Verdes critican que el texto no aborde “con la suficiente profundidad la financiarización del sector ni el papel de los grandes fondos de inversión que adquieren bloques enteros con fines especulativos”.
Con las enmiendas ya presentadas, se abre ahora un periodo de negociación de dos meses que culminará en enero con la votación en la Comisión. Si el texto obtiene el visto bueno, pasará al Pleno del Parlamento Europeo en marzo para su aprobación final.
ENMIENDAS DEL PSOE
Las enmiendas de los socialistas se centran en establecer un marco en la Unión Europea que priorice el derecho fundamental a una vivienda digna, asequible y sostenible, exigiendo una acción más coordinada y ambiciosa de la UE en materia de financiación, regulación financiera, impuestos y derechos sociales.
Reconocimiento y aplicación del derecho a la vivienda
El texto del PSOE subraya que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y una condición previa para la inclusión social y la igualdad. Esto se sustenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturale, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
En este sentido, se destaca que el derecho de propiedad debe equilibrarse con otros derechos fundamentales consagrados en la Carta, incluyendo la dignidad, el respeto a la vida privada y familiar, los derechos del niño y la integración de las personas con discapacidad. Esto viene a argumentar que el desalojo forzoso sea considerado una violación grave de estos derechos.
Especulación
Las enmiendas buscan eliminar la concepción de la vivienda como un producto de mercado y proteger a los mercados locales de la inversión especulativa.
Se reconoce que los préstamos garantizados por bienes inmuebles representan aproximadamente un tercio del total de préstamos bancarios en la eurozona, lo que los convierte en una fuente importante de riesgo sistémico. Sin embargo, alertan que los préstamos «buy-to-let» (comprar para alquilar) y los préstamos a Fondos de Inversión Inmobiliaria (Real Estate Investment Funds) plantean riesgos significativos para la estabilidad financiera.
Por esta razón, piden a la Comisión que amplíe la caja de herramientas macroprudencial para incluir a los fondos e investment trusts inmobiliarios (REITs/AIFs), incluyendo límites de apalancamiento (leverage limits), gestión de liquidez y capital buffers (reservas de capital).
Los socialistas quieren que se priorice el acceso a la vivienda para los hogares, en lugar de la inversión especulativa, utilizando instrumentos «macroprudenciales», basados en el prestatario.
Denuncian que los regímenes de residencia basados en la inversión, como las «Golden Visas», pueden inflar los precios de la propiedad, distorsionar los mercados y están vinculados a riesgos de blanqueo de dinero y corrupción. Así, se pide que la UE regule o prohíba estos esquemas. También se quiere establecer un registro de transacciones y propiedad inmobiliaria para prevenir el blanqueo de dinero.
Desde el grupo, proponen a los Estados miembros reformar los regímenes de impuestos a la propiedad, como la creación de impuestos anuales sobre el valor del suelo o impuestos proporcionales a la propiedad, en lugar de impuestos a las transacciones, para aumentar la movilidad.
Con todo, se considera la introducción de un impuesto especial a nivel comunitario sobre las ganancias de capital mínimas y un impuesto sobre la propiedad para compradores extracomunitarios que adquieran propiedades que no sean su residencia principal . Los ingresos generados por este impuesto podrían destinarse a un Fondo de Vivienda Asequible de la UE.
Intervención en el mercado de corta duración
En las filas socialistas defienden que el crecimiento de los alquileres de corta duración dificultan el acceso a unos precios accesibles, contribuyen a la escasez y desplaza a los residentes. Por ello, se insta a la Comisión a proponer una iniciativa legislativa para regular este sector.
Esta legislación establecería definiciones claras, permitir medidas proporcionales a nivel nacional/local (como límites de noches, esquemas de autorización, y restricciones de zonificación), y dotar a las autoridades de herramientas de aplicación efectivas y flexibles.
Proponen crear registros europeos de propietarios para controlar y regular el sector de alquiler privado, asegurando que solo propietarios «aptos y adecuados» operen y mejorando los estándares de vivienda.
Financiación de la vivienda asequible
Las enmiendas detectan la necesidad de un aumento significativo de la inversión pública de la UE en vivienda decente y asequible, proponiendo un total de 300.000 millones de euros, incluyendo 100.000 millones en subvenciones (grants), a través de instrumentos de financiación fiables y a largo plazo. Se llama a la Comisión a proponer un Fondo de Vivienda de la UE.
Además, solicitan que el gasto público de los Estados Miembros en vivienda asequible, sostenible y decente no esté sujeto a las reglas de deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para cubrir el déficit de inversión.
En esta línea, se apoya la función del Banco Europeo de Inversiones, pero se pide que los préstamos a largo plazo y bajo interés estén disponibles a una tasa del 0% para autoridades locales y proveedores de vivienda sin fines de lucro. Exigen revisar la definición de Servicios de Interés Económico General (SIEG) para vivienda social, ampliando su alcance para incluir a hogares de ingresos bajos a medios y otros grupos vulnerables.
Sobre los modelos de vivienda cooperativos, sin fines de lucro, se solicita que se le dé apoyo y trato preferencial siguiendo el «modelo austriaco».
Protección de grupos vulnerables
Los socialistas piden clasificar la aporofobia (discriminación basada en el estatus socioeconómico o la pobreza) como un delito de odio. De la misma manera, proponen marco legal europeo para prohibir los desalojos forzosos (incluyendo aquellos para renovación no acompañados de realojo adecuado), así como una prohibición de la UE de las desconexiones de energía durante todo el año para los consumidores vulnerables.
Solicitan la creación de requisitos europeos mínimos armonizados de «habitabilidad», alineados con las directrices de la OMS, cubriendo aspectos como saneamiento, calefacción, hacinamiento, aislamiento, y seguridad contra incendios.
Respecto al Plan de Vivienda Asequible que prepara la Comisión, se exige la integración sistemática de la perspectiva de género y el presupuesto de género (gender budgeting).
Construcción
Piden asegurar el acceso directo a los fondos europeos a las autoridades regionales, como parte clave en el diseño de las medidas. Se apuesta así por el fortalecimiento de la gobernanza multinivel y el principio de asociación.
Quieren que que la construcción de viviendas priorice la reutilización y regeneración de terrenos ya desarrollados (incluyendo brownfield sites), en lugar de la conversión de suelo natural o agrícola. Por este motivo, se busca promover promueve la innovación como la prefabricación o construcción offsite y el apoyo a la economía circular y la resiliencia en el sector.
Se insiste en que las empresas con fondos públicos deben aplicar límites de costes máximos y techos de alquiler para evitar la manipulación de precios.
En cuanto a la elaboración de informes, proponen el desarrollo de un Informe Anual Europeo de Vivienda y la creación de una Agencia de la UE sobre Vivienda Asequible, Sostenible y Digna para coordinar, supervisar y proporcionar asistencia técnica.
