QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha instado a Vox a cesar los “discursos incendiarios” respecto a los menores migrantes no acompañados, solicitando además su colaboración para urgir al Gobierno a implementar medidas “eficaces” para gestionar la crisis migratoria.
“Extremadura es solidaria, pero también es rigurosa”, declaró García Espada, destacando que la región “acoge y también alega en los casos en los que el menor no lo es”, enfatizando que Extremadura “es ante todo humanidad” y que los menores “merecen ser tratados con los recursos que precisan” y un apoyo institucional “necesario y suficiente para su pleno desarrollo personal”.
“Dejen de utilizar a los menores como moneda de cambio en sus disputas políticas”, reprochó la consejera a Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, diputado de Vox, durante una sesión plenaria sobre la posible llegada de menores migrantes no acompañados a Plasencia.
La consejera explicó que el antiguo centro de menores de Valcorchero en Plasencia se está reformando para convertirse en un centro especializado del Proyecto Cereza, dedicado a menores del sistema de protección con problemas de conducta. García Espada pidió a Vox que abandone sus “discursos incendiarios” y se una a la petición regional al Gobierno para abordar la crisis migratoria, criticando su “discurso populista carente de humanidad”.
“Extremadura es, ha sido y seguirá siendo una tierra solidaria. Hemos asumido nuestra responsabilidad con rigor, con compromiso y con el cumplimiento estricto de la ley”, sostuvo la consejera, rechazando “lecciones” de quienes usan a los menores como “herramienta política”.
EL “RUN RUN” DE LA CALLE
Álvaro Sánchez-Ocaña Vara de Vox preguntó sobre la situación del centro en Valcorchero, mencionando el “temor vecinal” y la “inseguridad y incertidumbre” sobre la llegada de menores migrantes a la zona. Cuestionó sobre las construcciones en Valcorchero y cómo se garantizará la seguridad de los barrios cercanos, criticando a PP y PSOE por su aparente disposición a “abrir los brazos” por mandato del presidente Sánchez, lo que implica un costo de 4.200 euros por menor a la semana.
