QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Familia y Familia, Teresa Angulo, ha defendido los «cambios» introducidos por la Junta de Extremadura en el sistema de protección de menores y justicia juvenil, frente al «estancamiento» en que se encontró el mismo al inicio de esta legislatura.
Tras defender que los menores del sistema de protección en la comunidad deben recibir una atención «integral» que permita atender sus necesidades en sentido «amplio», es decir, «también de reparación del daño sufrido», y «siempre con el primer objetivo, que es el de la reintegración familiar en aquellos casos en los que así sea posible», Angulo ha recordado el «estancamiento» en el que el PP se encontró el citado sistema al inicio de esta legislatura.
«Un modelo de acogimiento residencial sin nuevos programas o servicios para la intervención, con un total olvido de la medida de acogimiento familiar, con normativa desactualizada e incluso sin bases de datos que impedían la recogida de datos fiables», ha lamentado la secretaria general, quien ha defendido los «cambios» que ha introducido el actual Gobierno autonómico en esta materia.
«Un modelo que se aleje de la institucionalización, con medidas y recursos que permitan a estos niños y niñas vivir en un ambiente lo más parecido posible a un hogar y, sobre todo, en una familia», ha subrayado Angulo en una comparecencia este viernes en comisión en la Asamblea a petición de Unidas por Extremadura para abordar el sistema de protección de menores.
INSTITUCIONALIZACIÓN
En todo caso, para aquellos casos que requieren una institucionalización, ha incidido en que la Junta trabaja en varias líneas. Entre ellas, la mejora de las infraestructuras residenciales en las que viven estos menores, a las que el Gobierno autonómico ha destinado el pasado año más de tres millones.
Por otro lado, Teresa Angulo ha recordado que la Junta puso en marcha ayudas para hacer frente a los gastos extraordinarios que tienen los menores en situación de acogimiento familiar, y que tienen un importe de 1.028 euros por año y niño.
Al mismo tiempo, se han desarrollado en el pasado mes de noviembre campañas de difusión y sensibilización sobre el acogimiento familiar, sobre todo para que la sociedad conozca esta figura, y que han permitido que se hayan recibido 62 peticiones de información, de las que un 10 por ciento han registrado su solicitud para ser familias acogedoras.
NECESIDADES DE LOS MENORES Y JÓVENES DEL SISTEMA
Por otra parte, Teresa Angulo ha resaltado que la Junta trabaja en mejorar con nuevos programas o servicios las necesidades de los menores y jóvenes del sistema.
Así, ha adelantado que está en fase de adjudicación un servicio de intervención terapéutica que se extenderá a todos los menores del sistema de protección.
Por otro lado, Teresa Angulo ha recordado que la Junta ha puesto en marcha en todos los centros de menores de la comunidad un programa para la prevención de conductas adictivas.
También y en colaboración con el Instituto de la Mujer de Extremadura, se aborda la prevención y la detención en violencia sexual de las que pueden ser víctimas estos menores.
Por otro lado, para la promoción de la autonomía de los menores y jóvenes del sistema de protección de Extremadura, Teresa Angulo ha indicado que con el objetivo de facilitarles una salida del sistema, una vez alcanzada la mayoría de edad, «en las mejores condiciones posibles», se está desarrollando un proyecto con Fundación Don Bosco.
Además, para la inserción socio-laboral de estos jóvenes, la Junta aprobó el pasado año la orden de subvenciones para la contratación de éstos por parte de empresas, entidades sociales o entidades locales, con las que se financia el Salario Mínimo Interprofesional de un año, y que ha permitido la contratación de 38 jóvenes entre 2024 y lo que se lleva de 2025.
PROFESIONALES
Por otra parte, teniendo en cuenta que el cuidado de los profesionales que trabaja con los menores es «fundamental» y un requisito «necesario para el éxito en la intervención», la Junta está atendiendo a sus peticiones para «mejorar» las condiciones en las que prestan el servicio.
Así, ha explicado que se está llevando a cabo un «completo» programa de formación en todos los ámbitos que tienen impacto en la intervención socio-educativa con los menores.
Entre otras materias se aborda la protección integral a la infancia frente a la violencia, valoración de las situaciones de desprotección, terapia del apego y del trauma, terapia familiar, absentismo escolar e inclusión educativa, y la actuación y desarrollo de habilidades en la prevención y el manejo de las situaciones conflictivas.
Además, ha recordado que la Junta inició un proceso de revisión, homogenización y elaboración de nuevos protocolos de actuación de los centros de menores.
Así, atendiendo a la demanda que según ha reconocido hacían los propios profesionales, se ha reforzado la seguridad en los centros de menores, la cual a su juicio «ha de ser concebida como un elemento disuasor frente a posibles injerencias externas en los centros».
En esta línea, ha recordado que se licitó el servicio de vigilancia de 24 horas para aquellos centros que aún no lo tenían, y se ha entregado a todos los centros sistemas individuales de alerta para el supuesto de producirse alguna situación de riesgo o peligro para los menores o para los trabajadores.
MARCELO NESSI
En cuanto al centro de cumplimiento de medidas judiciales de menores Vicente Marcelo Nessi de Badajoz, y teniendo en cuenta «las situaciones de conflictividad o de violencia que en determinados momentos pueden surgir en el centro y que pueden afectar tanto la seguridad de los jóvenes como la de los trabajadores», ha defendido que la Junta «sí ha tomado medidas», frente a la «pasividad» frente a estos «episodios» con los que se actuó «en épocas anteriores».
Así, el pasado mes de agosto se realizó un informe y evaluación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a partir del cual se adoptaron con carácter «inmediato».
Con ello, ha recordado que desde agosto de 2024 hay habilitada en el centro una nueva unidad de intervención individualizada para situaciones excepcionales, dirigida a los jóvenes en los que se aprecie que su inestabilidad emocional les hace tener una conducta disruptiva.
Para ello, se reforzó la plantilla, contratando a una psicóloga, dos educadoras y una ATE cuidadora.
Además, y aún cuando -la plantilla de personal del centro está dimensionada para 50 internos, con una media de ocupación en el año 2024 de entre 20 y 25 jóvenes, y siendo conscientes del «incremento» de jóvenes que cumplen una medida en régimen cerrado o de permanencia de fines de semana, la Junta ha considerado «conveniente» reforzar «aún más» la plantilla, con cuatro educadores sociales más, seis ATE más y un nuevo trabajador social.
De igual modo, se está proporcionando formación a los trabajadores en técnicas no violentas de desescalada, prevención y autoprotección frente a conductas violentas, en abordaje preventivo de la conducta suicida, en materia de protección integral frente a la violencia sexual, entre otros.
También se están elaborando o actualizando los protocolos de actuación del centro, como el de prevención y actuación frente a conductas violentas, tratamiento de adicciones sobre el estado de salud, autolesiones, etcétera.
Igualmente, ha indicado que se exigió a la empresa externa que presta los servicios de vigilancia formación extraordinaria a todos los vigilantes de seguridad sobre estrategias de prevención de violencia en jóvenes y técnicas prácticas de contención sin violencia.
Además, «se garantiza que el personal de seguridad esté siempre dotado de equipos y medios de protección necesarios para el ejercicio de su trabajo en el centro».
