Solicitada intervención de la Junta para apoyar a beneficiarios de VPP en Extremadura

La Asamblea de Extremadura, con el apoyo de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, ha solicitado a la Junta la creación de ayudas dirigidas a las familias que enfrentan obstáculos para ocupar las viviendas de promoción pública (VPP) asignadas. Además, han pedido una revisión del decreto que regula estas adjudicaciones y la implementación de un protocolo de emergencia habitacional.

En el pleno reciente, Joaquín Macías de Unidas por Extremadura defendió una propuesta de impulso que busca proporcionar asistencia económica a las familias afectadas por problemas burocráticos o defectos en las viviendas que impiden su uso efectivo. Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Popular se mostró en contra de esta iniciativa.

La propuesta también incluye la modificación del decreto para asegurar transparencia y plazos definidos en el proceso de adjudicación y entrega de las viviendas. Se propone igualmente un protocolo que ofrezca soluciones temporales a las familias afectadas, incluyendo alquiler subvencionado y viviendas puente, además de compensaciones por los daños sufridos debido a las demoras.

Macías destacó el caso de Villafranca de los Barros, donde 31 familias llevan más de dos años esperando acceder a sus viviendas, las cuales, a pesar de estar terminadas en 2023, no estarán disponibles hasta marzo de 2026 debido a graves defectos estructurales que requieren una inversión de más de 500.000 euros para su reparación.

Este problema se repite en Plasencia y otros municipios como Almendralejo, Zafra o Talayuela, mostrando que los retrasos son un problema estructural y no casos aislados.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Desde el PSOE, Juan Ramón Ferreira apoyó la iniciativa, criticando la gestión de la Junta y subrayando la necesidad de que la vivienda sea una prioridad. Por otro lado, Manuel Lozano del PP defendió las acciones del gobierno regional, mientras que Javier Bravo de Vox reconoció la necesidad de las medidas propuestas para aliviar una situación «injusta» y abogó por «menos burocracia y más gestión».