Los representantes gallegos en el Parlamento Europeo del Partido Popular, BNG y PSdeG han coincidido este miércoles en la necesidad de revisar la política pesquera común, aunque con propuestas y prioridades distintas sobre cómo deben orientarse estas modificaciones.
En la Comisión de Pesca de la Eurocámara, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon ha defendido que una reducción de la carga burocrática es clave para reforzar la competitividad tanto de la pesca como de la acuicultura.
Durante una audiencia pública en la que ha intervenido también, entre otros, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, el eurodiputado del PP ha reclamado que la pesca se incluya en el proceso de simplificación normativa impulsado por la actual Comisión Europea.
Según ha señalado el PP en una nota de prensa, Millán Mon ha vuelto a reclamar un ómnibus de simplificación para el sector pesquero que aborde con urgencia asuntos como la exclusión del palangre de fondo del Reglamento de Aguas Profundas, la modificación del artículo 4(3) del Plan plurianual del Mediterráneo o la revisión de varios puntos del Reglamento de Control que, en la práctica, han resultado muy difíciles o directamente imposibles de aplicar.
Igualmente, ha remarcado la necesidad de integrar criterios socioeconómicos en la definición de los TACs y las cuotas, e instó a la Comisión Europea a escuchar las peticiones del sector. “Debemos simplificar, corregir lo que no funciona y adaptar la normativa a la realidad del sector”, ha afirmado.
En cuanto al futuro de los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) en el próximo Marco Financiero Plurianual, Millán Mon ha defendido que el Desarrollo Local Participativo se ha demostrado como la herramienta más efectiva para generar empleo y reforzar el tejido de las comunidades costeras. Por ello, ha reclamado asegurar la continuidad de los GALP con recursos suficientes y mantener un enfoque específico para la pesca, recordando que las áreas litorales afrontan desafíos propios que requieren respuestas a medida.
Respecto al balance del desarrollo de la acuicultura en la Unión Europea, el eurodiputado popular ha incidido en que el sector sigue sin despegar, sin incrementos significativos ni en producción ni en empleo pese al esfuerzo financiero realizado, y ha advertido de que la acuicultura europea continúa teniendo una presencia marginal en el contexto mundial.
Reivindicaciones del BNG
En la misma sesión de la Comisión de Pesca, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado una reforma en profundidad de la Política Pesquera Común que tenga en cuenta la realidad del sector gallego y que ampare a la pesca artesanal y al marisqueo, tras denunciar que hasta ahora fue “una ruina para el sector pesquero”.
En su intervención, la representante del BNG ha exigido que la PPC cuente con financiación suficiente y no se limite a partidas que ni siquiera permiten cubrir las obligaciones legales básicas.
Miranda ha insistido en que los fondos de la PPC deben servir para evitar la destrucción de empleo en la pesca y el marisqueo gallego. Ha recordado que, en la última década, según datos de la propia Comisión, la rentabilidad de la pesca cayó del 8% al 1%, mientras que el empleo en la pesca extractiva se redujo de 141.064 a 119.479 trabajadores en 10 años, lo que supone 21.500 profesionales menos.
En esta línea, la eurodiputada considera que la reciente evaluación intermedia de la Política Pesquera Común elaborada por la Comisión Europea se queda corta y “es peor para el sector” gallego.
Esta revisión, ha explicado, tiene como objetivo medir el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en la última reforma de la PPC, en especial en lo relativo a la sostenibilidad ambiental, la rentabilidad económica y la cohesión social de las comunidades costeras, los llamados tres pilares de la sostenibilidad.
Asimismo, ha subrayado que, para la flota gallega, muy diversa en modalidades (artes menores, cerco, arrastre, palangre, entre otras), la aplicación uniforme de estos criterios no refleja de forma adecuada la complejidad de los ecosistemas atlánticos ni de las prácticas tradicionales.
Por ello, ha recordado que el BNG reclama desde hace años que los modelos científicos utilizados incorporen correctamente las particularidades del sector pesquero y marisquero de Galicia.
Miranda ha destacado que en Galicia muchas empresas, y en especial la pesca artesanal, siguen soportando márgenes muy ajustados, subidas de costes (combustible, mantenimiento, exigencias normativas) y problemas para asegurar el relevo generacional.
Aunque ha admitido que la evaluación intermedia reconoce parte de estos problemas, ha advertido de que las respuestas planteadas no bastan para asegurar la supervivencia de las comunidades costeras gallegas, cuya economía depende tanto de la pesca extractiva como de actividades vinculadas como la transformación y la comercialización.
Por otra parte, Miranda ha informado de que la Comisión de Pesca ha dado luz verde este miércoles al informe sobre estadísticas para la pesca y la acuicultura, del que es correlatora en nombre del grupo de los Verdes/ALE.
Con este nuevo reglamento, ha explicado, Eurostat recopilará y pondrá a disposición datos más detallados sobre las capturas: información de los barcos de la UE en todo el mundo, no solo en las principales áreas FAO, así como cifras de la pesca recreativa, de los descartes y de especies sensibles.
Miranda ha añadido que las enmiendas impulsadas por el BNG buscan garantizar que no se incrementen las cargas administrativas y burocráticas para pescadores y operadores; incorporar variables socioeconómicas (edad, género, nivel de estudios, salarios) y asegurar el respeto de los tres pilares del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico.
Postura del PSdeG
Por su parte, el eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares, que este miércoles no ha intervenido en la Comisión por encontrarse en Brasil en una misión vinculada al acuerdo con Mercosur, ha defendido en un comunicado que la evaluación de la política pesquera publicada por la Comisión Europea a finales de abril confirma la necesidad de su “reforma urgente”.
“La evaluación constata el declive en la producción pesquera europea y que los beneficios económicos esperados no se materializaron. El diagnóstico es claro y el remedio debe comenzar por la reforma de la normativa vigente”, ha señalado.
Ha explicado que el análisis evidencia que la PPC no alcanzó los objetivos previstos cuando se aprobó en 2013 y, aunque ha reconocido “avances positivos”, ha recalcado que estos no se tradujeron en mejoras claras para el sector, ya que “el valor comercial de los productos pesqueros y acuícolas creció menos de 2 puntos anuales en términos reales. La ley vigente no logró dar un impulso al sector: al contrario, el mercado europeo depende de las importaciones pesqueras más que cuando se adoptó la última reforma”, ha incidido.
El eurodiputado socialista ha aludido también a los “retos persistentes” como el envejecimiento de la flota y el aumento de los costes operativos, que, a su juicio, evidencian la urgencia de una nueva reforma.
En este sentido, Casares ha puesto el foco en que la propia Comisión admita en su evaluación que el “exceso de capacidad no conduce necesariamente a una presión pesquera excesiva”, lo que, según ha dicho, “desmonta uno de los mantras más asentados” en el Ejecutivo comunitario y en los que se sustentan las restricciones a la renovación de los buques.
“La PPC vigente, junto con las exigencias del FEMPA, impiden hacer frente a esos retos con el músculo necesario. Nadie niega el avance en la reducción de la sobrepesca ni el impacto positivo de medidas como la regionalización en la gestión de stocks, pero es tiempo de dar un paso adelante y, construyendo sobre los aspectos positivos, introducir cambios en la normativa que garanticen la viabilidad futura del sector”, ha concluido.