QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Galicia ha instado a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para exigir la dimisión o el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo en las pulseras antimaltrato de víctimas de violencia machista.
A través de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que ha rechazado el Partido Socialista y ha contado con la abstención del BNG, también se pide que se informe al Gobierno gallego de cuántos casos de desprotección de víctimas de violencia de género tuvieron lugar durante el fallo en el sistema Cometa, cuántas mujeres portaban dispositivos telemáticos de control durante los últimos 12 meses, las incidencias ocurridas en los dispositivos y las medidas para enmendarlas.
Del mismo modo, se insta al Ejecutivo central a solicitar al Consejo General del Poder Judicial un informe que acredite que este fallo ya ha sido solucionado y que el sistema actual no supone un riesgo para la seguridad de las mujeres, así como reclamar la dotación económica, técnica y humana para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de pulseras.
En la defensa de esta iniciativa, Paula Prado (PPdeG) ha culpado al Ministerio de «mentir» en relación con las actas de las reuniones con la empresa concesionaria en la que «reconocen que se estaban dando deficiencias en la prestación del servicio».
«Aquí, el único que mintió fue el Gobierno de España», ha reprochado antes de lamentar que las pulseras son «una gota más en el vaso que está desbordando».
También ha apuntado en su intervención a que algunas de las medidas en este ámbito dependen del Ministerio de Justicia, que «no ha tenido tiempo para proteger a las víctimas, pero sí para proteger al entorno político y familiar de Pedro Sánchez».
DEBATE «RIGUROSO»
Por su parte, la diputada del BNG Noa Presas ha tachado de «grave» lo ocurrido con los pulseras, pero ha señalado que sería necesario un debate «a la altura» y «riguroso», centrado, ha añadido, «en arbitrar medidas para que no vuelva a repetirse».
«Lamento cuál es la estrategia del PP, cada vez es más imposible tener un debate racional en esta materia porque no tienen escrúpulos en acusaciones a los demás, están abonados a las fake news, cada vez más en las tesis de la ultraderecha», ha censurado Presas.
Así, ha reconocido que para el BNG las explicaciones del Ministerio «son insuficientes», por lo que han reclamado que haya una auditoría. En todo caso, la diputada del Bloque ha cuestionado si la Xunta «tampoco sabía lo que estaba pasando» o si lo sabía y lo utilizó «como arma política arrojadiza en lugar de buscar una solución». «Cualquiera de las dos opciones es pésima», ha aseverado.
«TRANQUILIDAD»
Mientras, Paloma Castro (PSdeG) ha pedido «tranquilidad» a todas las víctimas porque «el sistema salva vidas» y las mujeres «deben seguir sintiéndose seguras».
En este contexto, ha tachado de «indecente» el comportamiento de un PP que ve a la «deriva a nivel nacional». «A estas alturas, Feijóo da tanta pena que desde aquí solo se me ocurre mandarle ánimos», ha subrayado Castro.
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
También ha salido adelante otra propuesta de los populares sobre la propuesta de resolución que se presenta en defensa de las iniciativas que impulse la Xunta frente a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno central contra el plan de agilización de la dependencia y la repotenciación eólica.
Así, el texto, aprobado con el único voto favorable del Grupo Popular, recoge que el Parlamento acuerda manifestar su apoyo a todas las iniciativas que impulse el Gobierno gallego, «incluida la vía judicial, en defensa de su autogobierno, que puede verse violentado en su capacidad de impulso legislativo por los recursos de inconstitucionalidad que, con carácter político partidista, promueve el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez».
«Muy en particular», añade, frente al recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas que regulan el plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad y la repotenciación de los parques eólicos.
«Hola, soy Alberto Pazos y mi tierra, Galicia, está en peligro por un Gobierno Frankestein», ha iniciado su intervención en el hemiciclo el viceportavoz popular Alberto Pazos Couñago para, a continuación, criticar que el Ejecutivo central «lleva años atacando de manera constante y planificada el autogobierno de Galicia», obligándolos, ha dicho, «a pelear en los tribunales lo que a otros se les concede graciosamente».
Así, ha calificado como «el último episodio de doma y castración a Galicia» los recursos de inconstitucional aprobados por el Gobierno contra la simplificación de los trámites para el reconocimiento de la discapacidad y de la dependencia y el que «obliga a las empresas eólicas a compensar a ayuntamientos y vecinos afectados por procesos de repotenciación de parques eólicos».
«GARANTIZAR LA LEGALIDAD»
Por el contrario, la socialista Patricia Iglesias ha defendido que es necesario «garantizar la legalidad», por lo tanto, no ve «ataque», sino «responsabilidad». Tampoco considera que haya «confrontación, sino «defensa del estado de derecho».
«Mientras el Gobierno de España coopera con Galicia, el PP grita y se victimiza. Hace un uso partidista de las instituciones y tiene un nulo respeto de constitucionalidad», ha subrayado la socialista.
Por su parte, el nacionalista Luís Bará ha asegurado que se trata de una iniciativa «de falsa bandera» con la que, en su opinión, el PP pretende que traguen «con ruedas de molino» para avalar un uso «torticero como la ley de acompañamiento para cambiar de manera indiscriminada cada ley que llega al Parlamento».
PNL RECHAZADAS
Asimismo, durante el pleno de la Cámara gallega de esta semana se han debatido otras cuatro proposiciones no de ley de la oposición que no han salido adelante al contar con el voto negativo del Grupo Popular.
En concreto, se han rechazado dos iniciativas del PSdeG para demandar que se iniciase la tramitación del anteproyecto de la nueva Ley de Administración local de Galicia y otra para garantizar el cumplimiento «estricto y riguroso» de los requisitos medioambientales, económicos y de impacto social en la tramitación, evaluación y ejecución de los proyectos industriales estratégicos (PIE).
Mientras, los populares también han votado en contra de dos PNL del BNG sobre la aprobación de un plan integral de recuperación y reactivación tras los incendios forestales del pasado mes de agosto y en relación con la solicitud a la Xunta de comprar el Pazo de Montesacro, ‘O Asilo’, en al ayuntamiento de Cambados, para que pase a propiedad pública y recuperar la actividad residencial.
