QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Manuela García, consellera de Salud, ha revelado que entre un 60 y un 96% de las adjudicaciones de más de 100.000 euros realizadas por el IbSalut durante la crisis sanitaria «incumplía» la Ley de Contratos Públicos. Esta información se ha dado a conocer durante un análisis preliminar de una auditoría a estos contratos, tras una consulta de la diputada de Vox, Patricia de las Heras.
La consellera explicó que una «empresa independiente» evaluó 60 expedientes tramitados de emergencia en la anterior legislatura, durante la gestión del Covid-19, destacando que habitualmente los informes justificativos se redactaban post ejecución. Además, indicó que en la mayoría de los casos, los contratos no se redactaron por escrito, faltaban actas de conformidad y documentos de recepción de material, y muchos no se publicaron en el perfil de contratación pública.
García también apuntó a irregularidades en contrataciones con empresas como Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab, mencionando la determinación del Govern en recuperar «hasta el último céntimo» en casos de adjudicaciones ligadas a posibles corruptelas, como el escándalo de las mascarillas falsas. Resaltó que el Govern actual no solo está abierto a auditorías e investigaciones, sino que las fomenta y presenta los expedientes en el Parlament, en contraposición a prácticas anteriores de destruir evidencias.
En respuesta a las críticas sobre los retrasos en la entrega de resultados de la auditoría, que estaba programada para seis meses y se formalizó en diciembre de 2024, García describió la situación como «dolorosa» para el Govern, aludiendo a decisiones tomadas sin el aval de un comité de expertos ni de evidencia científica, mientras los profesionales de la salud enfrentaban la pandemia en primera línea.
