QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la incorporación de las nuevas ambulancias del Gsaib supondrá un “mejor del servicio” para los usuarios y el conjunto de la ciudadanía de Baleares, al tiempo que ha negado que este modelo conlleve una privatización del sistema.
Así se ha expresado la responsable autonómica durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlament, en la que ha dado cuenta de la gestión del Gsaib y ha respondido a las críticas de la oposición.
García ha subrayado que el sistema de ‘renting’ elegido para las ambulancias es una fórmula que “habitualmente” ya se había utilizado en anteriores legislaturas, por lo que ha enmarcado las acusaciones de “privatizar el servicio” en una “estrategia” impulsada desde el Gobierno central.
En su comparecencia, ha recordado que el IbSalut ha recurrido en otras etapas a adjudicaciones externas para la compra de equipamientos, la formación, los sistemas informáticos o el mantenimiento, decisiones que, según ha indicado, también tomaron sus predecesores en el cargo. A su juicio, es “lógico” que este tipo de contrataciones se lleven a cabo en determinados ámbitos técnicos.
La consellera ha explicado igualmente que el despliegue de las nuevas ambulancias se realizará de forma gradual a lo largo de esta semana en las cuatro islas. Además, ha defendido que la necesidad de que el personal del Gsaib obtenga el carné C para poder conducir estos vehículos debe entenderse como “una inversión” y no como un “sobrecoste”.
Un proceso de internalización sin planificación previa
Durante su exposición, García ha repasado el proceso de internalización del transporte sanitario que se inició en 2018 con el servicio urgente, operación que supuso la subrogación de 302 trabajadores y 68 ambulancias. Posteriormente, en 2022, se integró también el transporte sanitario no urgente, con 245 empleados y 118 vehículos.
No obstante, ha remarcado que todo este proceso se llevó a cabo “sin una planificación” adecuada y con una relación de puestos de trabajo “absolutamente ficticia”: se habían creado 590 plazas, pero solo 349 estaban dotadas presupuestariamente, mientras que la plantilla real superaba las 900 personas.
Según ha explicado, la ausencia de una bolsa de trabajo “obligaba a recurrir a contrataciones improvisadas” a través de ofertas del SOIB, lo que generaba una estructura laboral “inestable” y dificultaba la organización del servicio.
“Esto no permitía llevar a cabo procesos de promoción interna y concursos y el veto a cualquier proceso de oposición para consolidar plazas, incluso la posibilidad de actualizar correctamente los salarios de los trabajadores al no estar adaptados retributivamente”, ha señalado la consellera, que ha insistido en que esta situación limitaba la estabilidad y la carrera profesional del personal.
García ha aludido también a la subrogación de determinados cargos directivos con retribuciones de 70.000 euros anuales y “sin formación”, un escenario que, ha recalcado, el actual Govern decidió revisar para proceder a su “amortización”.
En relación con el convenio colectivo, ha criticado que se firmara justo antes de unas elecciones como una “foto con los sindicatos en plena campaña electoral”, algo que, según ha dicho, “alimentó la conflictividad” interna en el servicio.
La consellera ha puesto en valor que desde 2024 se han conseguido varios objetivos, como los avances en la elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo, necesaria para activar los procesos de contratación previstos para 2026. También ha resaltado la renovación completa de la flota de ambulancias, la modificación de los turnos para repartirlos de forma “equitativa” entre la plantilla y la implantación de Atenea como sistema único de prescripción en todos los centros de la red pública, entre otras actuaciones que, ha concluido, persiguen consolidar y mejorar la gestión del transporte sanitario.
