La oposición señala que el PP y Vox están manipulando las normativas del Parlament para permitir la legalización de viviendas en terrenos rústicos.

Los grupos parlamentarios de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han reclamado a la Mesa del Parlament que suspenda la tramitación de la «Ley del pelotazo» –como han denominado a la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos–, porque PP y Vox habrían «retorcido» del reglamento del Parlament para legalizar viviendas en suelo rústico.

Los grupos de la oposición han registrado un escrito en el que se reclama que se suspenda la tramitación de esta normativa hasta que no se resuelva una enmienda de Vox, en forma de transacción de una enmienda del PP, que, a su juicio, «vulnera» el reglamento de la Cámara, al «haberse presentado fuera del plazo establecido».

En un comunicado, los grupos progresistas han censurado el «abuso» de la mayoría que tienen PP y Vox para «forzar» y «retorcer» el reglamento del Parlament para «volver a modificar la amnistía urbanística».

De esta manera, han asegurado que se permitiría legalizar viviendas plurifamiliares en suelo rústico, legalizar infraviviendas en suelo rústico y legalizar viviendas dentro de suelo rústico protegido, puesto que la enmienda en cuestión «cambia los plazos de prescripción en suelo rústico protegido».

Así, cuando antes no prescribía nunca una infracción urbanística, con la legalización que se pretende hacer ahora prescribirá en un plazo de ocho años.

Los grupos de la oposición han aseverado que durante la tramitación de las enmiendas se ha admitido una enmienda del PP «fuera de plazo» y que estaría «disfrazada de transacción», un hecho que, a su manera de ver, constituye una «discriminación» para el resto de diputados que han tenido que ajustarse a los plazos establecidos para presentar sus propias enmiendas.

Por estos motivos, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menora y Unidas Podemos han solicitado a la Mesa del Parlament la «reconsideración» de la enmienda transaccional presentada por Vox a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y que, por lo tanto, «sea retirada del informe de la ponencia del proyecto de ley urbanístico.

Como medida cautelar y para salvaguardar tanto los derechos constitucionales de los diputados, como de la tramitación ajustada al reglamento del Parlament, los grupos piden también la suspensión del debate en comisión del informe de la ponencia, previsto para el miércoles 25 de junio, en cuanto que la Mesa y la Junta de Portavoces resuelvan la reconsideración planteada.