QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSIB ha advertido que la ley para liberalizar suelo, que denominan «ley de pelotazo», permitirá legalizar «de forma indiscriminada» las viviendas de la Serra de Tramuntana y que «pone en peligro» la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
La diputada socialista Mercedes Garrido ha criticado este martes en rueda de prensa las últimas modificaciones a la normativa pactadas por PP y Vox.
«La declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Serra de Tramuntana es el resultado de siglos y siglos de trabajo de mallorquines que la han querido y cuidado, pero que ahora llegan otros mallorquines a destrozarla de la manera más horrorosa que podríamos ver y que nunca hubiéramos podido pensar en llegar a este punto de degradación», ha denunciado.
Según la socialista, la intención del proyecto de ley es «permitir legalizar cualquier clase de vivienda en cualquier lugar de suelo rústico protegido de las Islas, incluida la Serra de Tramuntana». A su parecer, la ley «puede ir acompañada de más ataques».
Concretamente, ha reprobado la posibilidad de legalizar viviendas, edificaciones, usos e instalaciones, incluidas las zonas de exclusión, y, por otro lado, que se permita «cualquier legalización que se haya construido de forma ilegal, entre 1972, cuando se declaró la Serra como ‘paisaje pintoresco’ y 2007, cuando se aprobó el plan de ordenación de recursos naturales de la Serra».
Además, Garrido ha criticado que la tramitación de la ley comenzó como un decreto ley con el objetivo de liberalizar suelo en Palma pero que a través de enmiendas y transacciones posteriores, PP y Vox «convierten el decreto ley en una ley para urbanizar y liberalizar suelo en todas las Islas, en todos los municipios de más de 10.000 viviendas, sin haber pasado por una mínima negociación con alcaldes o ayuntamientos».
Así, para los socialistas, este tramitación es «la perversión más grande del procedimiento legislativo que se ha visto en la historia del Parlament». Según la diputada, solo se ha negociado en los despachos de PP y Vox en los que «han participado promotores y han llegado a acuerdos».
Igualmente, ha rechazado la ampliación de la ley a otros municipios en los que «sin tener en cuenta ninguna planificación, ni el criterio del municipio afectado se permitirá construir de forma indiscriminada todos los suelos urbanizables». «Será únicamente el promotor el que podrá decidir si quiere construir o no en un determinado suelo urbanizable», ha añadido.
Además, ha advertido que PP y Vox «están intentando permitir también de forma irregular» la construcción de suelo rústico en municipios de más de 20.000 habitantes sin la necesidad de agotar el suelo urbanizable programado.
La consecuencia de todo ello, ha zanjado, «no será tener más vivienda» ya que, a su criterio, serán necesarios más de 350.000 euros más de gastos e impuestos para poder acceder a estas viviendas.
