Alberto Núñez Feijóo presentó en Formentera su modelo migratorio, que pivota sobre cuatro pilares: decidir quién entra y cómo, expulsar a los delincuentes incluso con papeles en regla, priorizar a los inmigrantes «culturalmente próximos» como los hispanoamericanos, y limitar los subsidios como modo de vida.
Derecho de los españoles a decidir
El líder del PP defendió que “la política migratoria más inhumana es la que no existe” y reclamó el derecho de los españoles a decidir “quién entra y cuándo”. Subrayó la preferencia por una inmigración vinculada a la hispanidad y reafirmó que “quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado”. Las expulsiones, dijo, se aplicarían también a inmigrantes regulares en casos de delitos sexuales o multirreincidencia.
«El modelo buenista de la integración ha fracasado», ha dicho, apostando por un modelo del mérito y la adaptación para garantizar la seguridad y la convivencia.
Además, ha tachado de «inmoralidad decir que vengan todos y que serán bienvenidos» y que «repartir» a aquellos que llegan es «racista, insolidario y desleal». En relación a los menores, ha lamentado que se vayan a repartir «como si fueran paquetería» sólo entre determinadas Comunidades.
Formentera como símbolo de la emergencia migratoria
El acto se celebró en Formentera, la isla balear más golpeada por la llegada de pateras desde Argelia. Con 12.000 residentes fijos, ha recibido este año 113 embarcaciones con casi 2.000 personas a bordo, un equivalente al 16% de su población. Además, tutela a 136 menores no acompañados, lo que supone uno por cada 88 habitantes.
Críticas al gobierno de Pedro Sánchez
Feijóo denunció la “desidia e inmoralidad” del Ejecutivo socialista, al que acusó de fomentar el “efecto llamada” y favorecer el negocio de las mafias. “Pedro Sánchez es el único político europeo que dice que aquí puede llegar quien quiera y cuando quiera”, afirmó.
Arropado por el PP balear
El presidente del PP estuvo acompañado por la presidenta balear, Marga Prohens, muy crítica con el reparto estatal de menores migrantes. Mientras el Gobierno ha declarado la emergencia migratoria y ha destinado 6,7 millones para carpas de acogida, servicios de traducción y asistencia, se niega a equiparar la situación de Baleares con la de Canarias.