Este lunes, el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol ha enfrentado nuevas acusaciones por “colaboración con el enemigo” tras el envío de drones hacia Corea del Norte, en un intento por intensificar las tensiones con Pyongyang y justificar su controvertida decisión de decretar la ley marcial en 2024, lo cual culminó en su destitución.
La unidad especial de la Fiscalía que lleva el caso, ha imputado a Yoon también por “abuso de autoridad” debido a su decisión de dirigir drones sobre territorio norcoreano. Este acto pretendía, presuntamente, desencadenar una respuesta de Pyongyang que legitimara la imposición de la ley marcial en diciembre pasado.
Según informes de la agencia Yonhap, se investiga si el derribo de estos drones en octubre cerca de Pyongyang podría haber resultado en la divulgación de secretos militares al gobierno de Kim Jong Un.
Actualmente, Yoon se encuentra en prisión preventiva después de ser destituido en abril por su proclamación de ley marcial en diciembre de 2024. En la misma situación se encuentran el exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, y el exjefe del Comando de Contrainteligencia de Defensa, Yeo In Hyung, quienes también están siendo procesados.
El presidente surcoreano había declarado la ley marcial con el objetivo de «erradicar las fuerzas proclives a Corea del Norte» y asegurar “la libertad y felicidad” de los ciudadanos surcoreanos, acusando a la oposición de “actividades contra el Estado” y de favorecer al régimen norcoreano.
Esta disposición suspendió todas las actividades parlamentarias y de partidos políticos, así como las protestas y manifestaciones. Actualmente, la justicia surcoreana evalúa al expresidente por incitar a la insurrección y abuso de poder, en relación con su polémica decisión de imponer brevemente la ley marcial, una medida que fue retirada ante la presión social, de la oposición e internacional, desencadenando una profunda crisis política en el país.











