QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Cuba a terminar con las “prácticas autoritarias” en contra de las mujeres que defienden los Derechos Humanos, quienes frecuentemente son víctimas de “la violencia estatal” que busca silenciarlas.
En su informe titulado ‘Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba’, la organización ha demandado al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que cese el “hostigamiento y la adopción urgente de una ley integral contra la violencia de género”.
“Exigimos a las autoridades de Cuba poner fin a estas prácticas, que se enmarcan en un patrón sistemático de represión que afecta de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos”, señala el documento.
Según el informe, estas acciones represivas incluyen “detenciones arbitrarias, vigilancia indebida, criminalización injusta, desaparición forzada y otros tipos de violencia institucional”, en un contexto “marcado por la impunidad ante las violaciones de Derechos Humanos y la falta de garantías judiciales”.
“Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales”, indicó Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional. “El Estado utiliza la violencia de género como herramienta de represión: busca quebrar su dignidad, su entorno familiar y su fuerza colectiva”, explicó durante la presentación del informe.
El análisis abarca eventos desde 2014 hasta 2025 y descubre que, además de las prácticas autoritarias, las mujeres enfrentan “formas específicas de represión por parte de agentes estatales que constituyen violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual”.
Además, son objeto de “amenazas y mecanismos de intimidación y control” específicos. El informe también incluye testimonios de mujeres que han sufrido violencia psicológica, detenciones arbitrarias, prácticas autoritarias y violencia estatal.
“Nos arriesgamos a todo: represión, detención, chantaje, amenazas. Nos deshumanizan por hablar. Como madre, no duermo pensando en cómo salvar a mi hijo, pero también hablo por todas las madres que están sufrriendo lo mismo o peor”, lamentó Yenisey Taboada, una activista de 43 años.
Alina Bárbara López, editora y defensora de los Derechos Humanos, compartió su experiencia: “La primera vez que fui detenida de forma arbitraria no se presentaron cargos. Denuncié ante la Fiscalía Militar a las tres agentes que me produjeron varias lesiones, una rotura muscular en el hombro y una lesión en el dedo pulgar. Existe el certificado que prueba estas lesiones”, declaró.
Camila Lobón narró un incidente violento: “tres agentes me agarraron las piernas mientras otra me aplicaba una llave de asfixia. Otra intentaba quitarme el teléfono y hubo un momento en que no pude aguantar más”, relató.
La necesidad de una respuesta “interseccional urgente” es crucial, según el informe, especialmente para las madres solteras, de orientación sexual diversa o de color, quienes “sufren formas agravadas de violencia”.
“Esto ocurre en un entorno de restricciones al ejercicio y defensa de los Derechos Humanos y donde la subordinación del sistema judicial al poder político, la falta de mecanismos de denuncia y reparación, y la inexistencia de una ley integral contra la violencia de género perpetúan la impunidad”, concluye el documento.
Desde Amnistía, se ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para actuar y se ha advertido que estos actos de represión “no ocurren en el vacío”. “La falta de pronunciamientos a nivel internacional ha permitido que el Estado cubano mantenga su política de represión y control con impunidad”, advirtió Piquer.
“La comunidad internacional no puede seguir guardando silencio ante la represión diferenciada que sufren las mujeres en Cuba”, subrayó Piquer. “Es hora de que los Estados, especialmente los organismos interamericanos y la Unión Europea exijan medidas concretas de protección. La represión estatal contra mujeres activistas y defensoras en Cuba constituye una forma de violencia de género institucional que debe ser visibilizada y públicamente condenada”, apuntó.
La ONG también exigió el “fin inmediato de la violencia de género institucional contra las mujeres defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y activistas, que se traduce en numerosas violaciones de sus derechos”.
“Exigimos también la introducción de medidas específicas de protección para estas mujeres y el compromiso activo de los Estados y organismos internacionales para mantener una vigilancia sostenida sobre la situación de las mujeres activistas”, recalcó, instando a otros países a “exigir al Estado cubano cooperación plena y acceso a los mecanismos de protección de Derechos Humanos, que incluyan las visitas de relatores especiales.
“Requerimos que se garantice el acceso de las víctimas y supervivientes a servicios especializados de apoyo, asesoramiento y atención y que se mantenga el monitoreo constante sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba, que incluya la situación de las mujeres activistas”, concluyó.
