QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Europea ha manifestado este martes su ‘preocupación’ respecto a la nueva legislación en Ucrania que restringe las funciones de dos entidades anticorrupción, señalando que estas son ‘cruciales’ para la integración del país en el bloque europeo y que están relacionadas con ciertos fondos europeos destinados a reformas.
En declaraciones a través de las redes sociales, Marta Kos, comisaria europea de Ampliación, ha expresado su ‘seria preocupación’ tras la votación en la Rada de Ucrania. ‘El desmantelamiento de las salvaguardias clave que protegen la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania es un grave retroceso’, indicó.
Además, Kos remarcó la importancia de mantener agencias independientes como parte esencial en el proceso de adhesión a la Unión Europea. ‘El Estado de Derecho sigue estando en el centro de las negociaciones de adhesión a la UE’, enfatizó.
Guillaume Mercier, portavoz de Ampliación, también ha alertado sobre la situación de las instituciones anticorrupción en Ucrania, como la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en una rueda de prensa. Mercier subrayó que el buen funcionamiento de estas es ‘crucial’ para las reformas ucranianas hacia la UE y deben operar ‘de manera independiente’ para combatir la corrupción y mantener la confianza pública.
‘La UE proporciona una importante ayuda financiera a Ucrania, condicionada a los avances, la transparencia, la reforma judicial y la gobernanza democrática’, insistió Mercier.
Mercier reiteró que la adhesión de Kiev al bloque europeo depende en gran parte de su capacidad para luchar contra la corrupción y de la fortaleza institucional. Aclaró que la UE seguirá de cerca la situación y continuará apoyando a Ucrania en estos desafíos.
La reciente legislación ucraniana reduce la autonomía de los principales órganos anticorrupción –Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), en un contexto de un escándalo reciente por la filtración de documentos secretos a los servicios de seguridad rusos por parte de Fedor Jristenko, ya acusado de alta traición.
Con esta ley, se otorgan facultades al fiscal general para acceder a todas las investigaciones de la NABU, emitir nuevas directrices, archivar casos y firmar personalmente acusaciones contra altos funcionarios, además de limitar las competencias del jefe de la SAPO.
