El sistema judicial de Israel ha concedido una reducción en la duración de la próxima vista judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu, programada inicialmente para este miércoles. La solicitud para acortar el tiempo de la audiencia fue presentada por los abogados de Netanyahu, quienes argumentaron que sufre de bronquitis.
Netanyahu ha comunicado que su condición «no ha mejorado» y ha destacado que sus médicos le han recomendado descansar varios días o, como mínimo, «reducir las horas de trabajo en el corto plazo».
«El primer ministro padece una bronquitis, que no representa un peligro ni para él ni para su entorno. Atendiendo a las sugerencias de su médico personal, el señor Berkowitz, ha decidido cancelar sus compromisos para el resto del día y se mantendrá en reposo en su domicilio», informó su equipo mediante una nota de prensa.
La audiencia estaba programada para finalizar a las 16:30 (hora local), pero Netanyahu ha propuesto limitar su testimonio a una hora o, en el mejor de los casos, a dos horas. Esta no es la primera vez que solicita ajustes similares, según reportes del diario ‘The Times of Israel’.
En abril, también se le concedió una reducción de tiempo después de que manifestara sentirse «muy cansado» debido al ‘jet lag’ tras un viaje a Estados Unidos. En ocasiones anteriores, el tribunal ha aprobado estas solicitudes por razones de seguridad durante la intensificación de las acciones militares israelíes contra Gaza.
Netanyahu tiene el precedente de ser el primer primer ministro en ejercicio en ser imputado en Israel, enfrentándose a acusaciones de soborno, fraude y abuso de autoridad en tres casos distintos, tras investigaciones dirigidas por el exfiscal general Avichai Mandelblit.
En abril de 2021, la Fiscalía describió un «grave caso de corrupción del régimen» en la primera sesión de la fase de presentación de pruebas en el juicio por corrupción contra Netanyahu, quien ha negado los cargos y ha denunciado una «caza de brujas» y un «golpe de Estado judicial».
Uno de los casos más serios es el denominado ‘caso 4000’, donde se le acusa de favorecer regulaciones que beneficiaron al principal accionista del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura mediática favorable del portal Walla hacia el gobierno.