QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que el Gobierno de Donald Trump está facultado para revocar el estatus de protección de aproximadamente 300.000 venezolanos, lo que podría llevar a su expulsión del país. Este veredicto es consistente con una decisión previa de la Corte Suprema en mayo, siguiendo la petición de la Administración estadounidense tras un veredicto adverso de un tribunal inferior.
«Aunque la situación procesal del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí», se afirma en la sentencia del Supremo.
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha mostrado su decepción ante esta resolución y ha urgido a Washington a «revisar» su política migratoria para facilitar que los venezolanos que «se vieron forzados a emigrar» a EEUU puedan permanecer legalmente en el país.
«Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo de esa nación», ha declarado la formación en una comunicación en la red social X.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU ha enfatizado que el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue concebido como una medida provisional y ha criticado las reformas migratorias de la administración Trump que, según afirman, buscan «restaurar» el sistema migratorio de EEUU para beneficiar principalmente a sus ciudadanos.
«Las administraciones anteriores abusaron, explotaron y deformaron el TPS hasta convertirlo en un programa de amnistía de facto. Ahora que la ley y el pueblo estadounidense están de nuestro lado, la secretaria Noem seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para priorizar la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses», se menciona en un comunicado del DHS.
A inicios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió concluir el TPS para los venezolanos en EEUU, adelantándose al término previsto por su predecesor, Alejandro Mayorkas, bajo el mandato de Joe Biden. Pese a que un juez federal intentó detener esta medida, la Corte Suprema respaldó la decisión de Noem, abriendo la puerta a posibles deportaciones inmediatas.
El juez federal del distrito del norte de California, Edward Chen, quien inicialmente se opuso, emitió a finales de agosto un nuevo fallo que cuestionaba la cancelación del TPS. Siguiendo el mismo procedimiento anterior, Noem apeló al Tribunal Supremo, que una vez más ha apoyado al Gobierno de EEUU.
Tres magistrados liberales del tribunal han criticado la sentencia y la jueza Ketanji Brown Jackson, en su disidencia, ha denunciado lo que considera «otro grave abuso de (nuestro) expediente de emergencia» y ha condenado que se permita al Gobierno de Trump alterar la «vida de tantas personas como sea posible, lo más rápido posible».
La medida adoptada por Biden en enero permitía que los venezolanos continuasen beneficiándose de una protección específica hasta octubre de 2026, lo que les brindaba la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos y les protegía de deportaciones inmediatas. Según los planes de Trump, el TPS debería haber finalizado ya para Venezuela el pasado 7 de abril.
