QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Supremo de Brasil ha dictado una histórica condena de 27 años y tres meses de cárcel contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El fallo incluye también penas contra antiguos ministros y militares próximos al expresidente.
UNA CONDENA HISTÓRICA EN BRASIL
El Tribunal Supremo de Brasil ha escrito una de las páginas más significativas de la historia judicial del país al condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Se trata de la primera vez que un exjefe de Estado brasileño recibe una pena tan severa por atentar contra el orden democrático.
La decisión, adoptada por la Sala Primera del Supremo tras tres días de deliberaciones, contó con cuatro votos a favor y uno en contra. El fallo considera a Bolsonaro culpable de los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave, así como deterioro del patrimonio público.
LOS VOTOS DEL SUPREMO Y LA FRASE DE DE MORAES
Entre los jueces que votaron a favor de la condena se encuentran Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. El magistrado Luiz Fuz fue el único en posicionarse en contra, al considerar que debía absolverse a varios acusados, incluido el expresidente.
Durante la jornada, De Moraes subrayó la gravedad de los actos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia. “No fue un domingo en el parque, ni una visita a Disney”, recalcó. “No fueron alborotadores descoordinados, sino personas con un plan concreto para quebrar el Estado de derecho”.
ALIADOS Y MINISTROS TAMBIÉN CONDENADOS
Junto a Bolsonaro han sido condenados siete miembros de su círculo más próximo, entre ellos figuras de alto rango como el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira, el exministro de Justicia Anderson Torres, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, y el también exministro de Defensa Walter Braga Netto.
En total, las penas dictadas contra Bolsonaro y sus aliados suman 157 años de prisión. El Supremo determinó que cada condena debía ajustarse al nivel de participación de los acusados en la trama golpista.
Un caso especial es el de Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, que se convirtió en colaborador clave para la Justicia. Tras firmar un acuerdo de culpabilidad, recibió una pena reducida de dos años de prisión abierta y la restitución de bienes, además de medidas de seguridad para él y su familia.
LA DEFENSA DE BOLSONARO ANUNCIA RECURSO
El equipo legal de Bolsonaro, encabezado por Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, calificó la condena de “absurdamente excesiva” y adelantó que recurrirán la sentencia en todas las instancias posibles, incluidas las internacionales.
Según los abogados, “el expresidente no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan, y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero”. Alegan también falta de tiempo para analizar las pruebas presentadas en el proceso.
En una línea similar, la defensa de Braga Netto cuestionó la veracidad de las declaraciones de Mauro Cid y acusó a la Fiscalía de basar parte del caso en testimonios “mentirosos”. También anunciaron que llevarán el caso ante instancias internacionales.
UNA PRUEBA PARA LA DEMOCRACIA BRASILEÑA
La condena marca un precedente en la joven democracia brasileña, donde nunca antes un expresidente había recibido una pena de prisión de tal magnitud por delitos contra el Estado de derecho. El fallo no solo pone contra las cuerdas al líder de la extrema derecha en Brasil, sino que envía un mensaje de firmeza ante posibles intentos de desestabilización institucional en la región.
A partir de ahora, el Supremo entrará en la fase final del proceso para fijar en detalle las condiciones de las penas, incluidas multas y regímenes de cumplimiento. Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, a la espera de la ejecución definitiva de la condena.
