QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, la Comisión Europea ha desvelado una propuesta para pausar ciertos aspectos del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que implicará la reinstauración de aranceles y la interrupción de fondos, sin embargo, no se prevé una ruptura de las relaciones comerciales. La iniciativa necesita el respaldo de una mayoría cualificada de los Veintisiete para su aprobación.
‘Este es el principal pilar del paquete de medidas que ha planteado el Ejecutivo comunitario en represalia por la crisis humanitaria en Gaza, una situación que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tachó de «inaceptable».’, indicaron desde Bruselas.
En detalle, la propuesta de Bruselas consiste en suspender todas las ventajas preferenciales que abarcan el comercio de bienes y servicios, así como la competencia y la contratación pública. Aunque esto implica un cese de las ventajas de libre comercio, no afectará la circulación de capitales, permitiendo que el comercio continúe. Además, se mantendrá la cooperación aduanera entre los Estados miembros e Israel.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión, esta suspensión parcial podría impactar al 37% de las exportaciones israelíes hacia la UE, lo que representa alrededor de 5.800 millones de euros. Si el comercio se mantuviera al mismo nivel, las exportaciones israelíes enfrentarían 227 millones de euros adicionales en derechos de aduana anualmente.
Por otro lado, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha sugerido también sanciones a ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional). Estas sanciones, que requieren unanimidad de los Estados miembros para su aprobación, incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje a la UE.
Sanciones adicionales serían aplicadas a colonos israelíes violentos y a líderes de Hamás. La tercera parte del paquete incluye la suspensión temporal del apoyo bilateral a Israel, cesando la entrega de aproximadamente 6 millones de euros previstos para 2025 y la suspensión de contratos individuales de proyectos en curso, sumando un total de 14,14 millones de euros entre 2020 y 2024.
Antes de que la propuesta fuera presentada, el gobierno israelí acusó a Von der Leyen de ‘mala fe’ y de ‘sortear sus propias reglas para adoptar por motivos políticos una medida de política exterior’, mientras denunciaba el incumplimiento de la UE en las obligaciones de consulta previas. No obstante, fuentes comunitarias aseguran que Bruselas está ‘cumpliendo las reglas del juego’ y que las medidas serán ‘notificadas’ formalmente en el consejo de asociación una vez adoptadas por la mayoría cualificada de los Estados miembro.
