QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), desde su sede en La Haya, emitirá un veredicto clave sobre las “obligaciones” que debe asumir Israel respecto a las operaciones de las agencias de la ONU y otras entidades humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados. Esta decisión surge a raíz de una solicitud de opinión consultiva hecha por la Asamblea General de la ONU, en medio de la aguda crisis humanitaria que afecta a la Franja de Gaza.
La resolución, que fue aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea General con 137 votos a favor, 12 en contra y 22 abstenciones, incluyendo el rechazo de Israel y Estados Unidos, busca aclarar las responsabilidades de Israel, tanto en su rol de potencia ocupante como de miembro de la ONU. El objetivo es asegurar la asistencia necesaria que “urgentemente” requiere la población palestina para su supervivencia y apoyar su derecho a la autodeterminación, un concepto que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha rechazado, negando la posibilidad de una solución de dos Estados.
En 2024, la CIJ ya había dictaminado que las acciones de Israel constituían una violación sistemática del Derecho Internacional, especialmente en lo que respecta a sus intentos de anexión y el control sobre los territorios palestinos. Durante abril, la Corte organizó audiencias donde participaron más de 40 países y organizaciones, incluyendo a España, donde se discutió la situación de agencias como la UNRWA en estas áreas. El presidente de la corte, el juez Iwasawa Yuji, anunciará el dictamen definitivo este miércoles a las 15:00.
Aunque la CIJ tiene el mandato de emitir fallos que deben ser acatados por todos los Estados miembros de la ONU, en la práctica, la Corte no posee medios para hacer cumplir sus decisiones. En casos anteriores, incluso cuando la Corte dictó medidas provisionales contra Israel por posibles violaciones de la Convención contra el Genocidio, el gobierno de Netanyahu ha desestimado cualquier orden, alegando motivaciones políticas detrás de estos procedimientos, similar a las críticas que ha dirigido al Tribunal Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí.
