Este lunes, la Comisión Europea ha confirmado que está llevando a cabo “contactos exploratorios” con las autoridades afganas para mejorar la gestión del retorno de migrantes que no poseen autorización para residir en la Unión Europea. Aunque ha precisado que su rol es el de coordinador, ya que las deportaciones son competencia de cada Estado miembro.
“La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) han mantenido un estrecho contacto con los Estados miembro sobre este tema. A principios de este año, iniciamos contactos exploratorios a nivel técnico con las autoridades ‘de facto’ en Afganistán”, declaró Markus Lammert, portavoz comunitario de Interior, durante una rueda de prensa en Bruselas.
El ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen se ha mostrado dispuesto a “seguir apoyando a los Estados miembro” en sus esfuerzos para facilitar los retornos de migrantes que no consiguen la autorización para quedarse en la UE o que representan un riesgo para la seguridad.
Esta declaración se produce después de que 19 países de la UE, excluyendo a España, y Noruega, enviaran una carta a Magnus Brunner, comisario de Interior y Migración, y a Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, solicitando agilizar las deportaciones “voluntarias o forzadas” de afganos. La carta, promovida por Anneleen Van Bossuyt, ministra belga de Asilo y Migración, expresa la frustración de los gobiernos por no poder expulsar a afganos ilegales o delincuentes, incluso con condenas, y pide un diálogo con el régimen talibán para establecer procedimientos “eficaces” de retorno.
“Solicitamos a Brunner que tome medidas tanto para el retorno voluntario como para el forzado (de migrantes) a Afganistán. Sin procedimientos de retorno efectivos, cualquier política de asilo y migración fracasará”, señaló Van Bossuyt en una publicación en redes sociales.
En respuesta, Lammert ha confirmado que la Comisión “trabaja para garantizar la coordinación” en materia de retornos, especialmente con respecto a los afganos. Además, recordó que en marzo de este año, la Comisión propuso una reforma de la política europea de retorno para acelerar las expulsiones, ya que las tasas de deportación siguen siendo bajas en los países de la UE. La reforma se enfoca principalmente en cómo acelerar los retornos de “delincuentes y personas que representan una amenaza para la seguridad” de la UE.
Finalmente, aunque la ejecución de las deportaciones es responsabilidad de los Estados miembro, la Comisión Europea, junto a la agencia europea de fronteras y guardacostas (Frontex), juega un papel crucial como “coordinador” para facilitar la logística y tramitación de los expedientes. Los servicios comunitarios insisten en que Bruselas “está dispuesta a reforzar su coordinación, a garantizar la cooperación operativa entre los Estados miembro y a asegurar que los retornos sean más eficaces”.