La Comisión Europea ha decidido posponer indefinidamente su propuesta sobre la distribución de responsabilidades en la acogida de solicitantes de asilo, prevista inicialmente para este miércoles. Este retraso se produce tras constatar las profundas divergencias entre los gobiernos de los Estados miembros, reveladas en una reciente reunión de ministros de Interior en Luxemburgo. Este desacuerdo pone en juego el mecanismo de ‘solidaridad’, esencial para la implementación del Pacto de Migración y Asilo.
“Nos estamos tomando más tiempo para calibrar adecuadamente los aspectos. Se están llevando a cabo consultas estrechas con los Estados miembro”, explicó Markus Lammert, portavoz comunitario de Migración, refiriéndose al aplazamiento de la propuesta. Aunque no se han ofrecido más detalles sobre las causas del aplazamiento ni sobre si hay un nuevo calendario, desde Bruselas se anticipa una pronta conclusión de las consultas para finalizar los documentos necesarios.
En la víspera, Magnus Brunner, comisario de Interior y Migración, manifestó tras la reunión con los ministros en Luxemburgo ‘no tener miedo’ de que el pacto migratorio descarrile por las dificultades encontradas para definir los instrumentos que lo componen. Respecto a la propuesta de cuotas de reparto, Brunner reconoció que ‘quedan detalles por discutir’, pero subrayó que ‘es la primera vez que se realiza un ejercicio de este tipo’ y que ‘debemos hacerlo bien, no importa si requiere unos días más’.
La propuesta de la Comisión de Ursula von der Leyen debía incluir una evaluación sobre la presión migratoria por países y un plan detallado de cuotas de reparto para cada Estado miembro. Este mecanismo busca apoyar a los países miembros en crisis, ayudándoles en la gestión y acogida de solicitantes de asilo. La idea de una ‘solidaridad flexible’ permitiría a los países rechazar la acogida a cambio de una compensación económica o apoyos equivalentes.
En la reunión de los 27 en Luxemburgo, varias delegaciones, incluyendo Bélgica, Finlandia y Países Bajos, mostraron su preferencia por contribuir únicamente a través de medios financieros, rechazando acoger a solicitantes de asilo reubicados desde otros países miembros.
















