Este lunes la Fiscalía de Venezuela ha comunicado que se han atribuido a la activista Martha Lía Grajales varios cargos, incluidos «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación», tras su arresto luego de una manifestación en Caracas, en solidaridad con los parientes de presos políticos.
«El Ministerio Público informa que fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República», se expresó en una publicación en Instagram, enumerando los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación».
La institución aseguró que, «como garante de la justicia y los Derechos Humanos, velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución».
Antonio González, esposo de Grajales, comunicó el mismo día que hasta ahora la activista «en situación de desaparición forzada hasta el día de hoy» en un vídeo en X, y mencionó que se le ha negado el acceso a verla en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, hasta en cuatro ocasiones.
Volker Turk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha solicitado la liberación inmediata de Grajales, insistiendo en que se debe informar a su familia y abogado sobre su paradero y situación. «Sus derechos deben ser respetados», afirmó, luego de denuncias sobre cómo fue forzada a entrar en una camioneta gris sin placas después de la manifestación en frente del Tribunal Supremo.

![Archivo - El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una imagen de archivoEuropa Press/Contacto/E]Avn - Archivo](https://www.democrata.es/wp-content/uploads/2025/08/fotonoticia_20250812045722_1920-3-1140x815.jpg)












