QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este martes que abrirá investigaciones a empresas que publicitan en España bienes o servicios vinculados a los territorios palestinos ocupados por Israel.
Una medida amparada en la nueva ley contra el genocidio en gaza
La decisión se apoya en el Real Decreto-ley aprobado la pasada semana por el Gobierno, que prohíbe la publicidad de actividades realizadas en zonas ocupadas. El objetivo es impedir que compañías con operaciones en España puedan beneficiarse de un modelo económico que Naciones Unidas considera ligado a la ocupación y, en palabras del ministro Pablo Bustinduy, evitar que “las cuentas de resultados se manchen con la sangre del pueblo palestino”.
El informe de la ONU y la lista negra de empresas
La investigación se inspira en el informe de la relatora de la ONU Francesca Albanese, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, que denunció a firmas internacionales por lucrarse en territorios ocupados. Naciones Unidas amplió el viernes su lista negra a 158 compañías, entre ellas cuatro españolas: ACS, SEMI, CAF e Ineco.
Las respuestas de las empresas españolas
• ACS ha negado cualquier actividad en Israel o en los asentamientos y ha pedido a la ONU que retire su nombre, recordando que vendió SEMI en 2021. • Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, admite haber trabajado en un tranvía que llega a zonas ocupadas, aunque asegura que su labor se limitó a diseñar un túnel en la parte reconocida internacionalmente. Añade que desde octubre de 2023 ha iniciado un proceso de desvinculación con las autoridades israelíes. • CAF, participada por el Gobierno vasco, sí reconoce su implicación en un tranvía en Jerusalén Este, aunque recalca su compromiso con los derechos humanos y la ética empresarial.
Presión política y empresarial
El Ministerio recuerda que mantener estas operaciones supone perpetuar la ocupación y vulnerar el Derecho Internacional. Otros países europeos, como Países Bajos, ya investigan posibles delitos de blanqueo vinculados a estas actividades. Consumo insiste en que “la transparencia no se negocia” y exige que las empresas abandonen cualquier vínculo con los asentamientos.
