QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado viernes, un tribunal de apelaciones federal concluyó que probablemente fue ilegal la acción de la administración de Donald Trump de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 600,000 venezolanos que residen y trabajan en Estados Unidos. Esta decisión sigue la línea de un juez federal previo, quien dictaminó la postergación del cese de este beneficio.
El fallo provino del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que también confirmó la capacidad del juez de distrito Edward Chen, quien fue el primero en abordar este tema, para emitir una decisión final en el litigio que impugnaba la eliminación del TPS para los venezolanos antes del plazo fijado por la administración del ex presidente Joe Biden.
‘Al promulgar la ley TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral’, expresaron los tres jueces en su veredicto de este viernes, señalando además que los demandantes han experimentado un daño ‘irreparable’ que afecta sus vidas, sus familias y su estabilidad económica.
Por otro lado, el Gobierno cuestionó la autoridad del juez Chen para desafiar la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien decidió finalizar estas protecciones ‘alegando la preocupación por la ‘confusión’ causada por la prórroga anterior’, y la obtención de ‘mejoras notables’ en la situación en Venezuela.
‘Seguir permitiendo a los venezolanos (con TPS) permanecer en Estados Unidos no beneficia los intereses estadounidenses’, indicó Noem en el documento judicial de este viernes.
Contrariamente a la posición de la Casa Blanca, el Tribunal de Apelaciones ha dictado, de forma unánime, que el juez Chen prosiga con el caso y dicte un veredicto definitivo.
Aproximadamente 350,000 venezolanos quedaron desprotegidos en abril tras la revocación de la extensión del TPS inicialmente otorgada por el exsecretario Alejandro Mayorkas. Adicionalmente, se estima que otros 250,000 podrían perder su estatus en septiembre, dependiendo del progreso del proceso judicial.
El juez Chen previamente había ordenado la suspensión temporal de la terminación del TPS, pero esta medida fue revocada por la Corte Suprema en mayo, resultando en numerosas deportaciones. Actualmente, el tribunal de apelaciones respalda esta visión inicial de Chen, destacando que el propósito del TPS es proporcionar un período de estabilidad legal a sus beneficiarios, y que la terminación abrupta de estas protecciones contraviene la intención legislativa.
‘Los beneficiarios del TPS se enfrentaron de repente al temor de perder prematuramente su estatus en cuestión de semanas o meses. Para muchos, esto significaba la pérdida de sus empleos y la posibilidad de ser deportados a un país que había sido declarado inseguro apenas un mes antes; para otros, la posibilidad real de separación familiar de sus parientes con un estatus más permanente. Cientos de miles de titulares del TPS (…) podían convertirse en objetivo de detención y deportación’, se indica en el veredicto.
La decisión definitiva ahora recae en el juez Chen, quien deberá emitir un fallo final sobre el caso, aunque es probable que cualquier decisión adversa a la administración de Trump sea apelada ante la Corte Suprema de EE. UU.
