QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha pedido este viernes a la máxima instancia judicial del país, que se le retire la tobillera electrónica y que se flexibilicen las condiciones de las visitas en su periodo de arresto domiciliario, medidas que le fueron impuestas por su vinculación en el caso conocido como Vialidad.
La defensa de Fernández ha introducido un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, apelando a un veredicto del 12 de julio que confirmaba las normas de su confinamiento en su residencia ubicada en San José 1111, en el barrio Constitución.
El juez Diego Barroetaveña ha argumentado que la tobillera electrónica es el método de supervisión más efectivo en situaciones de detención domiciliaria ya que no solo ‘permite una modalidad de cumplimiento cualitativamente mejor’ que la prisión tradicional, sino que también evita la ‘mortificación o estigmatización’ de quienes están recluidos, según recoge ‘La Nación’.
Respecto al régimen de visitas, Barroetaveña ha mencionado que la petición de la defensa es todavía ‘conjetural’, puesto que no se ha denegado ninguna visita hasta la fecha. Además, ha recordado que se autorizó la visita del presidente brasileño, Lula da Silva, y ha reiterado que la limitación de visitas es solo una ‘mínima restricción’ y una medida de ‘precaución’ para garantizar la seguridad de la expresidenta, cuyo fin es ‘velar por el cumplimiento efectivo de la condena sin desnaturalizarla’.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky ha rechazado la demanda de la defensa sobre el cambio de domicilio, aunque no descarta futuras reconsideraciones. Mientras, el magistrado Gustavo Hornos ha respaldado tanto el uso de la tobillera electrónica como la necesidad de un permiso judicial para recibir visitas no listadas previamente, argumentando que ‘El proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado’.
En junio, un tribunal de Buenos Aires le concedió arresto domiciliario a Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de la oposición de los fiscales. La defensa justificó su pedido en base a la edad de la expresidenta (72 años) y a la ‘obligación’ del Estado de ‘velar por la seguridad de quienes fueron jefes del Poder Ejecutivo’ en el pasado, recordando además un intento de asesinato que sufrió.
Kirchner, condenada por la adjudicación de contratos de obra pública a un cercano colaborador y presunto testaferro durante sus mandatos, ha denunciado ser objeto de persecución política y judicial.
