QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La autoridad policial de Londres ha arrestado a más de 40 manifestantes que se reunieron por segunda semana seguida en la capital para oponerse a la prohibición de la ONG Palestine Action, la cual tuvo un papel central en un reciente asalto a una instalación militar británica.
En un comunicado, la Policía Metropolitana indicó que 41 individuos fueron detenidos por apoyar a una entidad ilegalizada, mientras que otro fue capturado por agresión común. «Un recordatorio: Palestine Action ahora está prohibido por el Gobierno del Reino Unido y es un delito penal invitar o expresar apoyo a una organización prohibida», comunicaron.
Recientemente, un magistrado del Tribunal Superior de Londres desestimó el intento de Palestine Action de contrarrestar su ilegalización por actividades terroristas, una decisión avalada por el Parlamento tras varios actos en favor de Palestina.
De ahora en adelante, cualquier respaldo o afiliación con la organización es considerado delito, con penas de hasta 14 años de prisión. Los defensores de la ONG alegan que la medida es «un abuso autoritario» de poder, según reportes de la BBC.
La administración de Keir Starmer propulsó la prohibición del grupo después de que activistas vandalizaran aviones en una base aérea, ocasionando daños valorados en 7 millones de libras (8,1 millones de euros). La protesta de la semana anterior concluyó con una veintena de arrestos.
Además, se ha revelado una carta abierta de casi 60 parlamentarios del Partido Laborista, dirigida al ministro de Exteriores, David Lammy, solicitando el reconocimiento inmediato de Palestina como Estado.
Los parlamentarios, tanto centristas como de izquierda, argumentan que al no reconocer a Palestina, el Gobierno «socava su propia política de paz y la solución de dos Estados». Resaltan que mantener el statu quo podría resultar en la «eliminación y anexión efectiva del territorio palestino», según la iniciativa promovida por Amigos Laboristas de Palestina y Oriente Próximo, publicada en su plataforma de X.
Los signatarios proponen cinco medidas para prevenir que Israel desplace a más de 600,000 palestinos hacia Rafá, mencionando que creen que en Gaza se está llevando a cabo una limpieza étnica, lo cual Israel niega firmemente.
